Un 12 de diciembre de 2014, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el entonces sacerdote Robert Francis Prevost recibía la ordenación episcopal en la Catedral de Santa María de Chiclayo, en el norte del Perú. Aquel día, presidido por el nuncio apostólico James Patrick Green, marcó el inicio de una etapa decisiva en la trayectoria eclesial de quien hoy es el Papa León XIV.
La designación de Prevost se había producido semanas antes. El Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo el 3 de noviembre de 2014, tomando posesión canónica el día 7 del mismo mes. La ordenación episcopal del 12 de diciembre confirmó formalmente su misión como pastor de una diócesis marcada por fuertes desafíos sociales, culturales y eclesiales.
Ocho años de gobierno episcopal en el norte del Perú
El episcopado de Prevost en Chiclayo se extendió durante casi ocho años. Su gobierno fue percibido como discreto, con una impronta agustiniana y una relación cercana con parte del clero local. Durante ese tiempo participó activamente en la vida de la Conferencia Episcopal Peruana y fue consolidando un perfil que, más adelante, le llevaría a asumir responsabilidades de primer nivel en la Curia romana.
En enero de 2023, el Papa Francisco lo llamó a Roma para nombrarlo prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Con ese nombramiento concluyó su etapa de gobierno ordinario en Chiclayo, una diócesis que marcó decisivamente su trayectoria pastoral.
El caso Lute, una herida aún abierta en la diócesis
Sin embargo, su paso Perú no puede desligarse de una cuestión que continúa generando dolor, controversia y preguntas sin cerrar: el caso Lute —en referencia al sacerdote Eleuterio Vásquez González, denunciado por abusos sexuales cometidos cuando las víctimas eran menores de edad— sigue como una herida abierta que le recuerda a Prevost una gestión que ha sido duramente criticada y aun lo persigue en su pontificado.
Infovaticana ha abordado este caso en diversas ocasiones aportando información sobre los hechos y subrayando dos dimensiones inseparables. Por un lado, la gravedad objetiva de la denuncia y la obligación moral y pastoral de la Iglesia de ofrecer verdad, justicia y reparación. Por otro, la crítica a una gestión institucional con falta de transparencia durante el episcopado de Prevost.
Consta que Prevost mantuvo contacto personal las víctimas —entre ellas Ana María Quispe, principal portavoz y denunciante— y en su momento expresó palabras de perdón, un gesto que, siendo relevante, no puede sustituir a un acompañamiento institucional claro ni a procedimientos eclesiales comunicados con transparencia. La lentitud, falta de información y ausencia de un marco claro de actuación ha contribuido a que el caso siga siendo vivido como una herida abierta en la diócesis y en las víctimas.
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Al mismo tiempo, Infovaticana ha advertido contra la instrumentalización mediática y política del caso, especialmente cuando el sufrimiento de la víctima se convierte en arma arrojadiza en disputas eclesiales o ideológicas. Denunciar ese uso indebido no equivale a minimizar la acusación, sino a proteger la verdad y la dignidad de quienes han sufrido los abusos.
La salida del estado clerical de Lute no ha cerrado el debate. Al contrario, queda —y con más fuerza que antes— la necesidad de concluir un caso que ha mantenido a las víctimas en vilo los últimos 5 años por las decisiones adoptadas y la falta de responsabilidad institucional. Aceptar una dispensa clerical no puede convertirse en un atajo para evitar el esclarecimiento completo de los hechos ni la reparación debida.
Once años después
Once años después de su ordenación episcopal en Chiclayo, Robert Francis Prevost es hoy León XIV. Y es precisamente por eso que su etapa como obispo diocesano adquiere una relevancia nueva. El 12 de diciembre —festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de América— no es solo un recuerdo biográfico, sino también una invitación a afrontar con responsabilidad las cuestiones que quedan pendientes.
Cerrar adecuadamente el caso Lute —con transparencia, garantías y un auténtico acompañamiento a la víctima— no sería solo un acto de justicia, sino también un signo coherente con la responsabilidad universal que hoy ejerce como Sucesor de Pedro.