El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha abierto una investigación canónica contra monseñor Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta, por presuntos abusos sexuales cometidos hace más de tres décadas, cuando era sacerdote y formador en el seminario de Getafe, en Madrid. La denuncia fue presentada directamente ante el Vaticano por un hombre que asegura haber sido víctima de Zornoza entre los 14 y los 21 años.
Según informó El País, en el testimonio remitido a Roma, los abusos habrían ocurrido en los años noventa y se habrían prolongado durante varios años. “Por las noches se metía en mi cama y me tocaba; me acariciaba y besaba”, señala la carta. Aunque el caso está prescrito para la justicia civil española, el derecho canónico permite una investigación eclesiástica interna para determinar si existen indicios que justifiquen un proceso formal.
De confirmarse la verosimilitud de las acusaciones, este sería el primer proceso por pederastia contra un obispo en activo en España, un hecho que marcaría un precedente en la aplicación de las normas vaticanas sobre la responsabilidad de los prelados en nuestro país.
Un caso que pone a prueba a la Iglesia española
La apertura de esta investigación supone un punto de inflexión en el tratamiento de los abusos dentro de la Iglesia en España. Hasta ahora, los procesos eclesiásticos abiertos en el país habían afectado a sacerdotes o religiosos, pero nunca a un obispo.
Monseñor Zornoza, de 76 años, fue ordenado sacerdote en 1975 en Madrid y nombrado obispo de Cádiz y Ceuta en 2011 por Benedicto XVI. Ha ocupado cargos en la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre Iglesias y en la Comisión del Clero de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La diócesis de Cádiz, bajo la lupa
La diócesis gaditana arrastra desde hace tiempo una imagen de escasa transparencia en la gestión de denuncias por abusos. De acuerdo con un informe interno de la CEE de 2023, la diócesis recibió cuatro denuncias formales y un caso adicional documentado por el Defensor del Pueblo, con un total de siete sacerdotes acusados y diecinueve víctimas.
Algunos de esos casos, según la auditoría, no fueron comunicados a la justicia civil, alegando que las víctimas no deseaban presentar denuncia. Los acusados fueron expulsados del estado clerical, y la diócesis costeó tratamiento psicológico para las víctimas, aunque sin asumir responsabilidad institucional.
Denuncias de encubrimiento y falta de respuesta
El obispo Zornoza ya había sido señalado en 2010 por presuntamente silenciar denuncias contra dos sacerdotes implicados en abusos a menores. El País asegura que, según sus investigaciones, más de sesenta prelados españoles han sido acusados en los últimos años de haber encubierto o gestionado de forma inadecuada casos similares.
Aunque el papa Francisco endureció en 2019 las sanciones canónicas contra quienes encubran abusos, la aplicación práctica de estas normas en España ha sido lenta. La Conferencia Episcopal ha reiterado su “compromiso con la tolerancia cero”, pero en la práctica no ha reconocido públicamente investigaciones abiertas contra obispos.
Comunicado de la diócesis de Getafe
Tras la publicación de la noticia, la diócesis de Getafe —donde habrían ocurrido los hechos— emitió un breve comunicado afirmando que no ha recibido ninguna acusación formal y que se pone “a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración que sea requerida”.
El texto añade su “condena de todo tipo de abuso” y su “compromiso con la prevención”, sin mencionar de forma explícita al obispo Zornoza.