El Gobierno de El Salvador ha dado un paso firme contra la imposición ideológica del lenguaje inclusivo. A través de un memorándum oficial, fechado el 2 de octubre de 2025, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología prohibió su uso en todos los centros educativos públicos y en las dependencias de esta cartera de Estado.
Una medida contra la ideología de género
El texto, firmado por la ministra Karla Edith Trigueros, establece que palabras como “amigue, compañere, niñe, todxs, nosotrxs, alumn@, jóvenesx” y cualquier deformación lingüística que aluda a la ideología de género “no será admitida por ninguna circunstancia”.
La medida busca garantizar “el buen uso del idioma” y evitar “injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”. Con ello, el gobierno de Bukele marca distancia frente a una tendencia extendida en foros internacionales y en algunos países de la región que promueven la imposición del lenguaje inclusivo como norma.
Carácter obligatorio y alcance nacional
La disposición tiene carácter obligatorio a nivel nacional y afecta a materiales, contenidos, libros y cualquier comunicación formal vinculada al sistema educativo: circulares, documentos administrativos y correspondencia oficial. El documento instruye a todo el personal del ministerio a velar por su estricto cumplimiento.
Una respuesta al globalismo cultural
Esta decisión del Ejecutivo salvadoreño se inscribe en la política de Nayib Bukele de blindar las instituciones nacionales frente a agendas globalistas. En este caso, se refuerza la identidad lingüística y cultural frente a lo que el memorándum describe como deformaciones impuestas por corrientes ideológicas externas.
Para sus críticos, es una medida “conservadora” y “restrictiva”; para quienes la apoyan, se trata de un acto de sentido común que preserva la lengua y protege a los estudiantes del adoctrinamiento.
Lo cierto es que, con esta resolución, El Salvador se convierte en uno de los pocos países del mundo en prohibir formalmente el uso del “lenguaje inclusivo” en la enseñanza y en la administración pública, poniendo un límite claro a la ideología de género en el ámbito educativo.