Desde la elección de Robert Francis Prevost como obispo de Roma hace menos de dos semanas, los católicos estadounidenses —y no pocos compatriotas seculares— han celebrado con orgullo nacional el hecho de que León XIV se haya convertido en el primer ciudadano de Estados Unidos en ocupar la sede de Pedro.
Pero, mientras se asientan los primeros pasos del pontificado leonino, The Pillar ha sabido que algunos altos funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano han expresado serias reservas respecto a la doble nacionalidad del nuevo papa, y han iniciado una conversación interna sobre la posibilidad de que León renuncie a su pasaporte estadounidense.
Problemas legales, pasaportes y el precedente de Boris Johnson
El hecho de que León XIV posea (y por ahora conserve) un pasaporte estadounidense plantea ciertos inconvenientes si el Papa viajara a Estados Unidos —aunque ha aclarado que por el momento no tiene planes firmes de hacerlo.
La legislación estadounidense obliga a todos sus ciudadanos a entrar y salir del país utilizando pasaportes de EE. UU., incluso en casos de doble nacionalidad. Esta norma, introducida bajo la administración Bush hijo, ha causado más de un disgusto.
El exprimer ministro británico Boris Johnson, nacido en Nueva York y ciudadano estadounidense durante gran parte de su vida, fue detenido en 2006 en el control fronterizo por no presentar un pasaporte válido de EE. UU., a pesar de su ciudadanía. Johnson acabó renunciando a la ciudadanía estadounidense, en parte por las exigencias fiscales del IRS.
El caso de León XIV es más complejo. Como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y cabeza de la Santa Sede, los pasaportes vaticanos son emitidos en su nombre y autoridad. Como ocurre con los monarcas —por ejemplo, el rey del Reino Unido—, el papa no puede portar un pasaporte emitido por sí mismo.
En la práctica, si viajara, el evento sería tratado como una visita de Estado y gestionado por el Departamento de Estado. Pero el detalle técnico revela restricciones legales reales para los ciudadanos estadounidenses.
El verdadero escollo: el fisco
Más allá de los pasaportes, el mayor problema podría ser el estatus fiscal del papa.
La ley estadounidense obliga a sus ciudadanos a presentar declaraciones de impuestos anuales, independientemente del lugar del mundo donde residan o trabajen. Aunque el papa recibe un estipendio simbólico —que incluso podría renunciar o destinar a obras benéficas—, lo complicado sería declarar otros fondos o cuentas bajo su responsabilidad.
Existe una distinción entre los fondos oficiales de la Santa Sede y las cuentas personales del papa para caridad privada, alimentadas por donaciones directas. Según algunos expertos, estas podrían estar sujetas a declaración fiscal.
Más aún: si se aplica una interpretación expansiva, fondos como el Óbolo de San Pedro (Peter’s Pence) podrían quedar bajo escrutinio fiscal, aunque no como ingresos personales, sí como parte del universo económico del pontífice.
Canónicamente, el papa no es dueño personal de los bienes de la Iglesia, pero ejerce plena y suprema autoridad sobre ellos. Esta ambigüedad podría ser aprovechada por el IRS para exigir una contabilidad detallada que arrastre no sólo al pontífice, sino a las estructuras de la Iglesia universal.
¿Y la inmunidad soberana?
El problema más espinoso que se debate hoy en la Secretaría de Estado es la posible responsabilidad legal del papa como ciudadano estadounidense.
Durante décadas, abogados de víctimas de abusos sexuales han intentado responsabilizar a la Santa Sede, a veces a través de demandas colectivas que han forzado la bancarrota de diócesis. Aunque el Vaticano ha gozado hasta ahora de inmunidad soberana, ¿seguiría siendo válida esta protección si el papa en cuestión es ciudadano estadounidense?
Varios estados cuentan con leyes de “jurisdicción extendida” que permiten nombrar como acusados a personas no residentes. Hasta ahora, no han tenido éxito contra papas nacidos en el extranjero. Pero si “Robert Prevost”, ciudadano estadounidense, fuera nombrado, no está claro que se aplique la misma inmunidad.
Y si un tribunal lo admitiera, al considerar al papa responsable último de todos los bienes eclesiásticos, podría darse el caso de que todas las diócesis del mundo fueran consideradas responsables subsidiarias, a través de la figura del pontífice.
Un proceso judicial así escalaría rápidamente hasta tribunales supremos, estatales o federales. Y aunque el Vaticano probablemente ganaría finalmente el caso, el escándalo y el proceso serían largos y desgastantes.
Una decisión sólo suya
Por ahora, no se ha emitido ninguna recomendación oficial. Pero es evidente que, más allá del entusiasmo inicial por un papa americano, la realidad jurídica y diplomática es mucho más compleja de lo que muchos suponían.
Y la decisión final, como corresponde, está únicamente en manos del papa León XIV: tanto como pontífice romano como ciudadano de Estados Unidos.
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