Sorprendentemente, la Santa Sede confirmó este domingo que existen sanciones contra el cardenal peruano Juan Luis Cipriani.
La denuncia de abusos contra el purpurado del Opus Dei ha generado gran controversia interna dentro de la Iglesia. De nuevo, una filtración interesada por alguien del Vaticano ha puesto en la diana al arzobispo emérito de Lima, Juan Luis Cipriani.
El corresponsal de El País en Roma publicaba el sábado que el Papa Francisco expulsó a Cipriani de Perú; le obligó a dejar de vestir los atuendos cardenalicios y le restringió el ministerio público. Todo esto se lo hizo saber el Pontífice a Juan Luis Cipriano en 2018. La Santa Sede esperó a que el arzobispo cumpliera los 75 años para aceptarle la renuncia inmediatamente.
Ahora, casi seis años más tarde, este asunto sale a la luz y todas las miradas señalan al mismo lugar: el Vaticano. Alguien de dentro ha debido filtrar la información reservada al periodista de El País que se tragó un caso falso de abusos y que publicó en su medio izquierdista y del que nunca pidió perdón. Es más, prefirió iniciar una campaña desde los medios del grupo Prisa contra la persona que demostró la mala praxis periodística de El País. Los obispos españoles, en vez de salir a defenderle, prefirieron ponerse de perfil.
Medidas disciplinarias sin investigación
En todo este asunto, llama aún más la atención que ni el País, ni el Vaticano ni el propio cardenal Cipriani han informado de la existencia de ningún proceso o investigación por parte de la Santa Sede contra el cardenal. Parece que una carta del denunciante al Papa Francisco fue suficiente para que el Pontífice actuará con radicalidad contra el entonces arzobispo de Lima.
El cardenal Cipriani emitió con celeridad un comunicado el sábado por la mañana en respuesta a la información publicada por El País. El purpurado peruano negó haber abusado sexualmente de nadie «ni en 1983, ni antes, ni después». De nuevo, la transparencia brilla por su ausencia en todo este proceso demostrando una vez más que el Vaticano está más cerca de ser una república bananera autoritarita que un Estado donde primen los principios evangélicos y donde se respeten mínimamente los derechos de las personas. El cardenal Cipriani confirmó en su escrito que en agosto de 2018 fue informado de que había llegado «una denuncia que no se me entregó». De este modo, se confirma que la Santa Sede (el Papa Francisco) decretó medidas disciplinarias contra el cardenal sin que el acusado fuera conocedor de las acusaciones que pesaban sobre él.
Pisoteando los derechos fundamentales en este caso de Juan Luis Cipriani, el Vaticano volvió a imponer su fuerza absolutista y le impusieron una serie de penas contra el cardenal «sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso». Fue el 18 de diciembre de 2019 cuando el Nuncio Apostólico le comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe, por entonces dirigida por el cardenal español Luis Ladaria, «me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú».
Ante esta situación, la Santa Sede además de confirmar que se ha impuesto al cardenal un precepto penal sobre actividades públicas, lugar de residencia y uso de insignias, debe aclarar si existe una investigación previa contra Juan Luis Cipriani y si se han respetado sus derechos mínimos de cualquier acusado.
Además de esta preocupante situación de cómo la propia Iglesia trata a sus propios miembros, es también llamativo que «se publique de manera parcial información que parece proceder de documentación reservada por la Santa Sede que ni siquiera yo tengo en mi poder», agregó Cipriani. El propio cardenal, ha calificado esta situación de «grave». Si Íñigo Domínguez, corresponsal de El País en Roma, tiene información «reservada» que no siquiera el propio damnificado tiene en su poder, quiere decir que alguien de dentro ha debido de romper el secreto pontificio por lo que se debería abrir otra investigación dentro del Vaticano para dar con el topo que utiliza información reservada con el fin de hacer daño a una persona y por ende, al Opus Dei, institución de la que forma parte Cipriani y que está en el ojo del huracán.