El Proyecto de Ley (PL) nº 2.253/2022, que propone, entre otras medidas, el fin de las «salidas transitorias» para las personas privadas de libertad, tras el veto parcial de la Presidencia de la República, ha vuelto a ser evaluado en el Congreso Nacional.
A través de un comunicado, los obispos brasileños han destacado que «la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) reconoce la legitimidad del Estado para imponer penas proporcionadas a la gravedad de los delitos (DSI 402). Junto a esta dimensión, el sistema estatal debe favorecer la reinserción de los condenados y promover una justicia reconciliadora (DSI 403). La legislación brasileña tiene las mismas premisas para la reinserción gradual de nuestros hermanos y hermanas en la sociedad. Las salidas temporales durante el cumplimiento de la pena responden a estas premisas».
Los obispos de Brasil señalan que las «situaciones puntuales que terminan atacando al Estado, con episodios de violencia contra agentes de seguridad pública y la población civil, no pueden ser consideradas como un prerrequisito para alterar los fundamentos del sistema penal brasileño».
«Las relaciones entre los poderes de la República merecen todo el respeto. Sin embargo, las decisiones políticas orientadas al bien común requieren un amplio debate y la participación de todos», se lee en la nota.
Tras mostrar su oposición a esta medida, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) expresa al Congreso Nacional, «en consonancia con su Tradición explicitada en la Doctrina Social de la Iglesia y con los objetivos del sistema penal brasileño, que se mantenga el veto parcial sometido a evaluación de los parlamentarios».