Los obispos españoles han emitido un comunicado junto con la CONFER y Cáritas en la que se muestran partidarios de apoyar la ILP que pide la regulación de los inmigrantes ilegales residentes en España.
En medio de un clima de invasión migratoria en donde el Gobierno español se ha visto obligado a repartir a miles de inmigrantes ilegales por todo el territorio español tras el colapso que sufren las Islas Canarias, llegan los obispos españoles para apoyar el efecto llamada.
Lejos de evitar el efecto llamada y poner fin al negocio de las mafias y a la ilegalidad de permitir la entrada masiva de personas en pateras en territorio nacional, la Iglesia española propone una ‘amnistía’ para todos aquellos ilegales que se encuentran en situación irregular en España.
«Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes, estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país», se lee en la nota difundida por la CEE.
Justifican su apoyo ya que este proceso «ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular».
Según se lee en la ILP que apoya la Conferencia Episcopal Española, «esta propuesta está estrechamente alineada con acuerdos e iniciativas internacionales a los que España se ha comprometido de manera solemne. Estos incluyen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008″.
El comunicado emitido por la CEE, CONFER Y Cáritas defiende que «resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular» ya que entienden que tendrá «impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas».
Por todo ello, estas entidades eclesiales piden a los partidos políticos con representación parlamentaria «iniciar conjuntamente un diálogo constructivo» e incluso instan a los grupos políticos que voten a favor «de la toma en consideración de la ILP» que lleva el sello de la Agenda 2030.