El obispo de Zamora denuncia que el Defensor del Pueblo les niega información sobre dos casos de abusos

Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora
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El obispo de Zamora, monseñor Fernando Valera, ha concedido una extensa entrevista a La Opinión de Zamora con motivo de su tercer aniversario como obispo de esta diócesis.

En la entrevista, Fernando Valera se suma al grupo -cada vez más numeroso- de obispos y diócesis que ponen en cuestión algunos aspectos e informaciones recogidas en el informe que presentó el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo.

Según se desprende del informe de Gabilondo, hay diez casos de abusos que afectan a la diócesis castellanoleonesa. El obispo explica en la entrevista con el diario local que «dos de los casos que señalan el Defensor del Pueblo no son de los que hemos aportado nosotros ni los que ha aportado El País, medio con el que siempre hemos estado en diálogo».

Valera asegura que «de esos dos casos, de los que no nos consta documentación, le hemos pedido información al Defensor del Pueblo y nos la ha negado porque es información reservada, cosa que es caer de nuevo en el oscurantismo«. El obispo de Zamora defiende que «las cosas son para dialogarlas y para trabajarlas» y sospecha que «quizás no nos la facilite porque quien ha contactado con el Defensor así lo haya pedido». «Es muy fácil acusar sin que la otra parte pueda defenderse», añade el obispo.

En cuanto a la cuestión de la reparación de las víctimas, detalla que «la Conferencia Episcopal ha decidido el tema de la reparación en toda su amplitud». Como aspecto novedoso, Fernando Valera ha desvelado que «lo más probable es que se haga un fondo en la Conferencia Episcopal para esta cuestión«.

Contradicción con lo afirmado por García Magán

Este supuesto fondo al que hace mención Valera choca con lo explicado hasta ahora por el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. En la última rueda de prensa tras la Asamblea Plenaria de los obispos españoles, García Magán incidió en que las reparaciones económicas correrían a cuenta del victimario o en su defecto de la entidad subsidiaria correspondiente como puede ser la diócesis o una congregación u orden religiosa, pero en ningún caso sería la propia Conferencia Episcopal quien efectuase los pagos.

Del único fondo que se había hablado hasta ahora es del estatal. El obispo auxiliar de Toledo remarcó que la Iglesia solo colaborará con ese fondo estatal de compensación a las víctimas de abusos si está dirigido «a todas», y no solo a las de la Iglesia. En caso de no ser así, será la Iglesia la que repare por su cuenta.

A pocos días de que los obispos reciban el informe Cremades -que seguramente incida en esta cuestión- los obispos españoles deberán aclarar si la CEE creará un fondo propio para pagar a las víctimas.

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