COMECE advierte que «el aborto es una grave violación del derecho internacional que desacredita a la UE»

Manuel Barrios Prieto Manuel Barrios Prieto, secretario general de COMECE
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El Parlamento Europeo ha debatido esta semana una resolución sobre la persecución de las minorías por motivos de creencia o religión. El Secretario General de COMECE, el español Manuel Barrios Prieto, ha puesto de manifiesto la postura de los obispos europeos.

“El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho inherente a la vida, son derechos humanos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Están por encima del consenso político, ya que su fuente directa es la dignidad humana inalienable de todo ser humano. Es responsabilidad y deber de las autoridades políticas, incluido el Parlamento Europeo, protegerlos, defenderlos y promoverlos en todo el mundo, así como todos los demás derechos humanos internacionalmente reconocidos arraigados en la dignidad humana establecida en la Carta Internacional de Derechos Humanos», asegura Barrios Prieto.

Además, desde la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) afirman que «cualquier intento de menoscabar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la vida mediante interpretaciones abusivas que restrinjan indebidamente su alcance legítimo o que los sometan a “llamados derechos humanos” de nueva creación y no consensuados, incluido el aborto, constituyen una grave violación del derecho internacional que desacredita a la Unión Europea ante la comunidad internacional y ante millones de ciudadanos europeos».

De igual modo sostienen que «cualquier tratamiento de estos derechos humanos como derechos de segunda clase contradice la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que llama a la comunidad internacional a considerar todos los derechos humanos “de manera justa y equitativa, en el mismo en pie, y con el mismo énfasis”.

Por último, los obispos europeos sentencian que esta propuesta de resolución, en su redacción actual, «no será de ayuda para millones de creyentes religiosos que son víctimas de persecución a causa de su fe, en particular mujeres y niñas vulnerables, ya que su situación se verá oscurecida e invisibilizada al priorizar otros intereses políticos”.

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