La juez del juzgado número 51 de Madrid une a la causa de Fusara la venta de la parroquia de San Jorge y cita como investigados a los responsables de estas operaciones.
Lo cuentan B. Parera y R. Ugalde en El Confidencial. La presunta trama inmobiliaria de las fundaciones ligadas a la diócesis de Madrid deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo ha dictado la magistrada del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que en un auto fechado el 27 de diciembre, al que ha tenido acceso El Confidencial, ha citado a declarar en calidad de investigados -lo que antes se llamaba imputado- a ocho personas relacionadas directamente con las ventas de inmuebles de la Fundación Fusara y de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC).
Los próximos 20 y 21 de enero, deberán comparecer ante el juzgado los protagonistas de esta historia: David López-Royo, Manuel Fernández-Clemente, Antonio Chávarri, Jesús Merino, Antonio Naranjo, Ignacio Olmos, Roberto de Juan y Manuel Villa-Cellino. Aquí se explica quién es quién.
Además, el 22 de enero, la juez ha citado a declarar en calidad de testigo al arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Carlos Osoro, que hace unos días acudió a Roma para tratar estos temas con el Santo Padre.
La juez Rodríguez-Medel ha terminado uniendo las dos causas -la de Fusara y la de FSVSC- justo cuando se cumple un año de la admisión a trámite de la querella que presentaron ante este juzgado un grupo inquilinos de las viviendas de Fusara, contra López-Royo, Olmos, Fernández-Clemente y De Juan por estafa y administración desleal. Tres meses después, la investigación se amplió a los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental.
A la causa se podría terminar uniendo un tercer caso que hace referencia a la Fundación Molina-Padilla. Como adelantó El Confidencial, en este caso, se vendieron dos edificios residenciales del barrio de Salamanca y guarda similitudes con Fusara y FSVSC, tanto en las personas como en la forma de operar.
No obstante, como este caso ya tiene una causa abierta en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, cuyo inicio es anterior al de Fusara en el 51, la jueza ha solicitado al Ministerio Público que informe si considera que debe tramitarse todo en un mismo procedimiento y después decidirá qué corresponde.
Artículo publicado en El Confidencial. Modificado por InfoVaticana.
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