Los protagonistas de la trama de las fundaciones en la archidiócesis de Madrid

En los últimos meses han ido saliendo a la luz numerosas informaciones acerca de la archidiócesis de Madrid y sus fundaciones. Lo que empezó con una polémica venta de el terreno donde se encuentra una de las parroquias más “exitosas” de la diócesis ha ido revelándose como una trama de ventas de inmuebles que afectan a varias fundaciones que están siendo investigadas por la justicia.

Uno de los medios de comunicación que más informaciones ha estado aportando es El Confidencial, que de la pluma de Ruth Ugalde ha ido desgranando este entramado que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.

Al ser tres las fundaciones implicadas, un despacho de abogados que hizo de intermediario en las ventas, el ex delegado de fundaciones de la diócesis, el interventor, etc… es fácil perder el hilo. Hoy El Confidencial hace una recopilación de los protagonistas y traza una síntesis de los principales actores de esta triste historia.

• David López Royo: El laico al que Osoro confió en 2016 la delegación de Fundaciones de la archidiócesis y, como tal, le encomendó la presidencia de todas las fundaciones ahora en el foco mediático. Además, en enero de 2018, fue nombrado director de Reputación Social Corporativa (RSC) del bufete Chávarri. Cuatro meses después, el patronato de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), que él preside, activó la venta de los terrenos de la parroquia de San Jorge, operación que intermedió Chávarri y en la que se pagaron casi cinco millones de euros en comisiones. En octubre de 2019, tras destaparse la venta de las viviendas de Fusara -otra de las fundaciones implicadas-, López Royo dimitió como delegado de fundaciones. Sigue ligado a Chávarri.
• Julio Lage: El arzobispo le confió la gestión y las finanzas de la archidiócesis nombrándole interventor general de la misma. También formaba parte del patronato de la FSVSC. Al igual que López Royo, en el año 2018 se unió al bufete Chávarri incorporándose a la Fundación Chávarri para el Bien Común. En octubre de este año dimitió como interventor de la diócesis.
• Manuel Fernández Clemente: Tanto en Fusara como en FSVSC era secretario del patronato cuando se llevaron a cabo las polémicas operaciones. En 2018 pasó a incluir en su tarjeta de presentación el cargo de «abogado colaborador de Chávarri», y en la venta de San Jorge fue propuesto para trabajar para Nebrija -la compradora de los terrenos- en la tramitación de todo el plan especial que necesitaba la universidad crear un gran campus. Finalmente, la operación ha sido revocada.
• Ignacio Olmos: Administrador de Fusara desde hace ocho años. Como gerente de Fusara, tenía responsabilidad sobre el estado de las cuentas, el mantenimiento de los edificios o la administración vecinal, aspectos especialmente relevantes en esta investigación, ya que el argumento que esgrimió Chávarri para vender un 20% por debajo del valor de tasación fue la crítica situación en que se encontraban todos estos aspectos. A pesar de ello, el patronato mantuvo a Olmos como gestor e, incluso, se le autorizó a firmar un contrato con Tapiamar, la sociedad que compró los 14 edificios, que ha llevado a que sea esta entidad, y no Fusara, la que esté cobrando las rentas de los alquileres desde julio de 2019, lo que ha dejado a la fundación sin esta importante vía de ingresos.
• Antonio Naranjo: Gerente de FSVSC y presidente de Fusara tras la dimisión de López Royo, en octubre de 2019, tenía varios contratos con diferentes fundaciones ligadas al Arzobispado, gracias a su posición como Responsable del Área Financiera Administrativa de la delegación de fundaciones. Fuentes consultadas por El Confidencial han acreditado que también se le hizo partícipe de las reuniones del bufete Chávarri para su nueva apuesta de negocio con las fundaciones y órdenes religiosas. Cuando tomó el relevo a López Royo en la presidencia de Fusara, a pesar de que el caso ya había sido judicializado, siguió adelante con la compra de un solar a Metrovacesa al doble del precio de mercado y con las reuniones en Ayuntamiento y Comunidad para comprar terrenos en el sur de Madrid.
• Chávarri Abogados: Este bufete aparece en el epicentro de la trama por sus numerosas conexiones a uno y otro lado de las ventas. Además de los lazos con los protagonistas ya citados y de las millonarias comisiones cobradas, llama la atención la madeja que crea Antonio Chávarri junto a su hermano Raúl y que conecta con todas las operaciones. En la venta de los 14 edificios, además de la oferta de Tapiamar, se presentó otra de Prado Advocats muy inferior. El socio director de este bufete comparte con Raúl Chávarri sillón en el consejo de la socimi Baricentro y estuvo detrás de la empresa Building the next Success, que consiguió la opción de compra de dos edificios de la Fundación Molina Padilla. En San Jorge, Chávarri trabajó para vendedor y comprador, la Universidad de Nebrija, y ambos le pagaron millonarias comisiones; mientras que, en Metrovacesa, además de ser responsable de haber aceptado la cláusula leonina que amenaza con quebrar la fundación, conecta por haber sido la empresa de Raúl, AQT, la que operó para la promotora.
• Universidad de Nebrija: Presidida por Manuel Villa-Cellino, éste estrechó lazos a Chávarri tras cerrar la compra de los terrenos de FSVSC, al pasar a patrocinar la Cátedra por el Bien Común de la Fundación Chávarri. Además, pagó 2,5 millones de euros de comisión al bufete y ofreció a Fernández Clemente trabajar para ella en toda la tramitación necesaria para hacer un campus en estos terrenos. Tras destaparse el escándalo, como hemos dicho más arriba, se dio marcha atrás a la venta.
• Tapiamar: Es el comprador de los 14 edificios residenciales de Fusara que, según El Confidencial, sigue siendo una incógnita, debido a las versiones contradictorias dadas por sus protagonistas. Formalmente es la sociedad de nueva creación Tapiamar, que tiene como administrador único a Roberto de Juan, quien figura como socio de Álvaro Portanet en varias sociedades. Chávarri defendió la solvencia de Tapiamar, precisamente, alegando que Portanet estaba detrás, cuando la realidad es que el 100% del dinero vino del fondo Castlelake, a quien tomó el relevo Ares, interesado en inyectar estos edificios a su recién creada socimi Iante. A la rareza de haber llevado a cabo una operación de este tipo en tiempo récord, sin transparencia y un 20% por debajo del valor de tasación, se une que los dos únicos candidatos presentados fueran la desconocida Tapiamar y un bufete, Prado Advocats, que tiene varios lazos con los Chávarri.
• Enrique García Candelas: Los lazos del que fuera director general de Banco Santander con esta trama llevan a la tercera fundación de esta historia, Molina Padilla, en cuyo patronato estaban tanto López Royo, como Chávarri y Fernández Clemente. Chávarri defendió vender dos edificios que tenía la fundación en el madrileño barrio de Salamanca, y el patronato lo aceptó. El comprador fue la sociedad Building the Next Success, tras la que estaba Prado Advocats hasta que se traspasó la sociedad, con esta opción de compra, a Iberus International, filial de Tarsso Gestión, sociedad propiedad 100% de García Candelas. En paralelo, Chávarri escindió la división Celtíbero Servicing, que pasó a denominarse Tarsso Abogados y cuyo administrador único, desde el pasado enero, es García Candelas. Fuentes consultadas creen que las dos operaciones están conectadas y que la adquisición del despacho podría haberse querido financiar con las ganancias de la venta de los edificios, ya que Building se los quedó por 13 millones y rápidamente se sacaron al mercado por casi el doble, 25 millones.
• Universidad Alfonso X El Sabio: Hizo llegar al patronato de Fusara, a través de otro mandato concedido a Chávarri, una oferta para instalarse en el colegio de Santamarca, propuesta que se remonta al pasado verano. Para entonces, acababa de abrirse la investigación interna ordenada por el cardenal Osoro y el nuevo equipo dio orden de parar todas las operaciones en marcha. Se da la circunstancia de que Jesús Núñez, fundador de esta universidad, y García Candelas son socios en negocios inmobiliarios.
• Metrovacesa: La promotora controlada por Santander y BBVA vendió el pasado marzo un terreno en Valdebebas por el doble de precio de mercado. La inmobiliaria, que en esta operación fue de la mano de Raúl Chávarri, intentó acelerar la compra el pasado diciembre, justo después de que saliera publicada la noticia de apertura de diligencias en el juzgado número 51 de Madrid por la venta de los 14 edificios. Con este dinero es con el que se iba a financiar la adquisición de los terrenos y la duda ahora está en si, por este motivo, Metrovacesa, asesorada por Uría, incluyó la cláusula que a punto ha estado de arruinar a la fundación. Como adelantó este medio, por dos ocasiones intentó la promotora ejecutar dicha clásula, que le habría permitido quedarse con 23 millones y el solar. Además, el plan inicial contemplaba destinar también a Valdebebas parte del dinero de la venta de San Jorge, ya que hacían falta más de cien millones para abordar todo el proyecto, incluida la construcción, a lo que el nuevo equipo del Arzobispado se negó.

Artículo publicado por Ruth Ugalde en El Confidencial. Modificado por InfoVaticana.