La diócesis de Almería ha alzado la voz contra la demolición prevista del cortijo El Uno, un asentamiento de infraviviendas ubicado en San Isidro de Níjar, donde residen más de medio centenar de personas, incluidas nueve niñas y niños.
La medida, ordenada por la justicia y programada para el martes 25 de febrero, ha sido duramente criticada por el Secretariado diocesano para las Migraciones de Almería y otras entidades eclesiásticas, que han emitido un comunicado expresando su rechazo.
En el documento, las organizaciones manifestaron su solidaridad con los afectados, denunciando que la acción atenta contra su dignidad y derechos fundamentales. Asimismo, expresaron su indignación por la falta de sensibilidad y la ausencia de respuestas por parte de las Administraciones Públicas.
El comunicado también reconoce la labor del Defensor del Pueblo Andaluz en la defensa de los derechos humanos y su llamado a no aceptar como normal lo inaceptable. En este sentido, las entidades de Iglesia recordaron el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, amparado por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
El Secretariado diocesano reafirmó su compromiso de acompañar y defender a las personas en situación de vulnerabilidad, respaldando la labor del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería y otras organizaciones sociales. Asimismo, instaron a trabajar en red con la Mesa del Tercer Sector de Níjar, la iniciativa privada empresarial y las administraciones públicas, exigiendo que la dignidad de las personas sea siempre la prioridad.
Las entidades de Iglesia insistieron en que no deben producirse desalojos sin alternativas de realojo, señalando que la erradicación del chabolismo solo es posible garantizando el acceso real a una vivienda digna. En su declaración, hicieron referencia a la figura de Jesús de Nazaret, quien «no tuvo donde reclinar la cabeza» (Lc 9,58), y llamaron a construir un mundo donde «todos seamos hermanos y donde resplandezcan la justicia y la paz».
Finalmente, el comunicado reafirma la voluntad de la Iglesia de ser una institución cercana a los más vulnerables y trabajar en la defensa de sus derechos, tal como promueve el papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.
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