Las autoridades españolas han ejecutado la expulsión de un sacerdote de origen guineano, que ejercía su ministerio en Valverde del Camino (diócesis de Huelva), tras haber sido condenado por abusar sexualmente de una menor.
El sacerdote fue condenado en 2023 a una pena de dos años de prisión por abusos cometidos contra la menor. Sin embargo, la pena fue suspendida, lo que evitó su ingreso en la cárcel, aunque la sentencia incluyó una orden de expulsión inmediata del territorio español y la prohibición de regresar en los próximos años. Lo más sorprendente de este caso, es que el obispado al parecer no sabía nada de esta condena.
El proceso judicial demostró que el acusado cometió abusos sexuales en un entorno de confianza con la víctima. La denuncia, presentada en su momento, permitió la apertura de la investigación y posterior condena. Además de la expulsión, la Justicia impuso medidas de alejamiento y restricciones para evitar cualquier contacto con la menor.
La ejecución de la orden de expulsión se llevó a cabo en los últimos días, con el traslado del sacerdote a Guinea Ecuatorial. La sentencia establece que el condenado no podrá regresar a España durante un periodo determinado, evitando así que pueda retomar su actividad en el país.
Llegada a España y labor pastoral en Valverde del Camino
El ahora sacerdote llegó a España en 2009, procedente de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de completar su formación eclesiástica. Tras ser ordenado sacerdote en el año 2015, fue destinado a Almonaster la Real y recaló en el año 2021 en la parroquia de Valverde del Camino donde desempeñó sus funciones hasta que se conocieron los hechos que motivaron su condena.
El Obispado onubense tuvo conocimiento de la extradición el pasado 30 de enero y recibió la sentencia el miércoles 5 de febrero. La diócesis aseguró que, hasta ese momento, desconocía tanto el delito como el proceso judicial en su contra.
Ante la gravedad del asunto, la diócesis de Huelva ha iniciado un expediente canónico sancionador contra el sacerdote, basándose en los hechos probados en la sentencia. Este expediente será remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la entidad eclesiástica encargada de estos casos.