Un sacerdote de 57 años ha sido sentenciado a un año y nueve meses de prisión, pena que ha quedado suspendida, tras haber malversado más de 133.000 euros de las cuentas parroquiales en Eifel.
«No actuaste con el espíritu de tu fe, sino que sólo pensaste en ti mismo», declaró el juez al anunciar el veredicto. Estas palabras subrayaron las graves faltas éticas del sacerdote, quien utilizó los fondos destinados a los necesitados para sufragar un estilo de vida ostentoso.
En 2014, poco después de asumir su cargo en una comunidad parroquial cerca de Bitburg, el sacerdote concedió una entrevista en la que destacaba su «pequeña debilidad»: un Audi de alta gama con más de 300 caballos de potencia y tubos de escape deportivos. Años más tarde, las investigaciones confirmaron que estos y otros lujos se financiaron con dinero destinado a fines caritativos, agravando la gravedad de los delitos según el tribunal.
Entre 2019 y 2023, el sacerdote gastó 536.000 euros en viajes de lujo, ropa cara y vehículos de alta gama. Según explicó en el juicio, buscaba compensar las dificultades personales que atravesó tras varios problemas de salud y la pérdida de familiares cercanos. Sin embargo, sus ingresos, que incluían un salario de 4.500 euros netos mensuales, una herencia y préstamos, resultaron insuficientes. Por ello, recurrió a las cuentas de cuatro comunidades parroquiales en la región de Bitburg.
Aprovechó lagunas en el control diocesano
El clérigo se benefició de la fusión de parroquias en Eifel, accediendo a un total de once cuentas. En particular, utilizó una herramienta específica de la diócesis de Trier conocida como «cuenta de recursos», que permitía al sacerdote disponer de fondos para fines caritativos sin necesidad de supervisión externa. A lo largo de 107 transacciones, transfirió dinero de cuentas parroquiales a su cuenta personal, para luego derivarlo a sus gastos privados.
El juez también señaló la falta de control por parte de las autoridades diocesanas, afirmando que no «se cubrieron de gloria» en su labor de supervisión.
El sacerdote, apartado de sus funciones durante varios meses, confesó íntegramente sus actos y pidió disculpas reiteradas en el juicio. Como parte de su condena suspendida, deberá asistir a sesiones de asesoramiento financiero y elaborar junto al vicariato general de la diócesis un plan de devolución de los fondos malversados en un plazo de dos meses. El acuerdo establece un pago mínimo mensual de 500 euros, bajo riesgo de que la pena suspendida sea revocada.
El juez instó al clérigo a realizar «un cambio radical en su estilo de vida», advirtiendo que, sin esfuerzos significativos, podría enfrentar penas más severas. El sacerdote ha anunciado su intención de devolver todo el dinero antes de 2031, para lo cual ya ha comenzado a tomar medidas, como mudarse a un apartamento más modesto y sustituir su coche por uno más económico.