Cáritas Diocesana de Burgos ha rechazado la propuesta de Vox de perseguir el empadronamiento ilegal de inmigrantes a través de la Policía Local y ha advertido de que podría «sembrar miedo» hacia ese colectivo.
El furor inmigracionista de la “iglesia de la acogida” está llevando al curioso resultado de que instituciones católicas defiendan la ilegalidad y rechacen impedirla. Como en Burgos, donde Cáritas ha alertado contra la propuesta de Vox de ir contra los empadronamientos ilegales de inmigrantes, bastante comunes. Es decir, de abogar por la ilegalidad y el fraude.
En una carta firmada con otras organizaciones cristianas como Pastoral para las Migraciones, Atalaya Intercultural, Casa de Acogida San Vicente de Paúl, Comunidad de Vida Cristiana en Burgos y la Hermandad Obrera de Acción Católica, han rechazado el término «ilegal» para los inmigrantes irregulares (es decir, que han entrado ilegalmente en el país) y han recordado que el empadronamiento «es un derecho y deber de toda persona».
Las organizaciones firmantes señalan que residir sin papeles ni permiso en un país «no es un delito» sino «una infracción administrativa» y que «si hay entradas irregulares es porque es muy difícil entrar de forma regular», un razonamiento que serviría para avalar casi cualquier ilegalidad. «Apenas hay cauces», han denunciado. Además, han hecho hincapié en que el empadronamiento es «un derecho y un deber de toda persona» independientemente de «su situación administrativa regular o irregular».
Además, dicen en la carta, que la Policía Local vaya a «inspeccionar los domicilios o sugerir un canal de denuncias anónimas» podría suponer «sembrar miedo, confusión y sospecha hacia todo un colectivo» y contribuiría a «asociar inseguridad ciudadana con inmigración irregular», cuando todo el mundo sabe que no tienen absolutamente nada que ver.