Nueva cacicada de Satué: impide a Silverio Nieto declarar como testigo en el juicio canónico del ‘Caso Gaztelueta’

Nueva cacicada de Satué: impide a Silverio Nieto declarar como testigo en el juicio canónico del ‘Caso Gaztelueta’

Tal y como adelanta Religión Confidencial y ha podido confirmar InfoVaticana, en el día de ayer se desarrolló en Pamplona un nuevo episodio del mediático juicio canónico por el cual el Vaticano juzga por primera vez a un laico.

Durante estos meses, desde que Francisco ordenase en septiembre del 2022 reabrir arbitrariamente el conocido Caso Gaztelueta por la vía canónica, hemos dado parte desde InfoVaticana de los distintos atropellos jurídicos. El obispo de Teruel, José Antonio Satué, dio muestras desde el principio de su parcialidad; ordenó recusar a los abogados de José María Martínez; se han saltado el principio de irretroactividad; han montado un tribunal ad casum; no se ha entregado el decreto del Papa ordenando la reapertura del caso y se juzga por segunda vez algo ya juzgado.

Varios expertos en derecho canónico han señalado a InfoVaticana que la Santa Sede está cometiendo una serie de atropellos jurídicos en este caso que equipara al Vaticano al nivel de una república bananera y que de seguir así podrían estropearse las relaciones entre la Santa Sede y la ONU por vulneración de derechos humanos fundamentales.

En la vista de este lunes en Pamplona, estuvo presente como notario José Luis Perucha Rojo. Durante esta sesión, estaba prevista la comparecencia de los testigos de la parte de José María Martínez, numerario del Opus Dei.

Declararon en el juicio Imanol Goyarrola, que durante estos años ha sido subdirector y director del Colegio Gaztelueta y es hermano del obispo de Helsinki; Iñaki Cires, que era el director de Gaztelueta cuando los padres hablaron por primera vez en el Colegio en el año 2011; Imanol Tazón, inspector del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que declaró en el proceso civil; y María José Martínez Arévalo, psiquiatra, con consulta en Pamplona y que declaró en la Audiencia Provincial de Vizcaya en su momento.

Veto a Silverio Nieto

Tal y como señala Religión Confidencial, el obispo de Teruel y presidente del tribunal canónico, vetó al sacerdote Silverio Nieto que fue el encargado por parte de la entonces Congregación para la Doctrina de la fe de realizar una investigación preliminar que concluyó con el archivo del caso en ese Dicasterio y la indicación de que se restaurara el buen nombre del profesor.

El Vaticano confirmó en octubre de 2015 que los hechos fueron investigados durante el plazo de seis meses, hasta que finalmente se concluyó que no existían indicios de verosimilitud en la denuncia presentada por los padres de Juan Cuatrecasas. La CEE, por su parte, envió a Silverio Nieto a investigar, y concluyó también asegurando que el caso era una falsedad.

La opacidad del proceso

Según ha podido saber Religión Confidencial de fuentes próximas al profesor, esta fase probatoria es resultado de la iniciativa de la defensa y no de la decisión motu proprio del Presidente Delegado. La defensa del profesor ha solicitado, reiteradas veces, tanto al propio Delegado, como a la Signatura Apostólica y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la investigación realizada por indicación de Doctrina de la fe.

Las declaraciones, a petición de la defensa, se han producido una vez que la Signatura Apostólica, en el mes de enero pasado, resolviera una serie de cuestiones que había planteado la defensa canónica del profesor José María Martínez.

La gravedad de la situación radica en que, en la práctica, el acusado no conoce a qué se enfrenta, si a un delito del Código de Derecho Canónico o a una infracción sólo prevista en los Estatutos de la Prelatura.

Hasta el presente la defensa de José María Martínez Sanz no ha recibido el Decreto originario sobre el que se ha articulado este juicio. Por lo tanto siguen en el desconocimiento de la acusación y de las pruebas. Monseñor Satué se ha negado, en varias ocasiones, a retrotraer las actuaciones.

Algunas fuentes señalan a RC que “es insostenible en cualquier ordenamiento jurídico que las investigaciones, sean previas, preliminares, sumariales o como se quieran denominar, no formen parte posteriormente de las actuaciones que deben juzgarse. No se entiende que el obispo apueste por tener menos información que más, a no ser que todo esto ya esté sentenciado”.

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