La ONG de la Iglesia obvia con este mensaje el efecto llamada que sirve para enriquecer a las mafias y poner en peligro la vida de los inmigrantes.
«La mayoría de la población de origen inmigrante sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social española. De hecho, las personas extranjeras en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española», asegura Cáritas.
Según los datos que manejan, «la irregularidad es la causa determinante de la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión». Estos son algunos de los datos y conclusiones que se han publicado este miércoles en un informe de la Fundación FOESSA.
De acuerdo con esas cifras, «el 32% de las personas acompañadas por Cáritas a través de sus programas y recursos en 2022 se encontraban en situación administrativa irregular. En números absolutos se trata de 500.000 personas, un 43% más que a lo largo de 2019. El periodo medio de acompañamiento que necesitan estas personas oscila entre 1 y 2 años».
“Aunque los datos son insuficientes para poder aproximarnos al número real de personas en situación administrativa irregular en España, son suficientes para generar una aproximación realista y representativa sobre su situación”, explica Thomas Ubrich de la Fundación FOESSA y miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española.
El estudio señala que existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud, al acceso al empleo y a las ayudas de vivienda y la mayor incidencia de rasgos de exclusión social en este grupo de personas.
De hecho, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas. En el caso de ser las sustentadoras principales del hogar, el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la Seguridad Social.
“No contar con una autorización de residencia o trabajo dificulta y mucho la inclusión laboral pese a que se trata a su vez de la condición sine qua non para lograr casi cualquier autorización por razones excepcionales”, indica Thomas Ubrich.
Para María Segurado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, “el obstáculo primordial surge de la lógica intrínseca del régimen general de extranjería y de la práctica inexistencia de vías legales y seguras de entrada en España, así como la exigencia mayoritaria de un trabajo para acceder a una autorización excepcional cuando las personas extranjeras ya son nuestras vecinas”.
Tres de cada diez (31%) personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas reconocen además haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas.
Críticas a la propuesta de Cáritas
En resumen, la propuesta de Cáritas es premiar con papeles el delito de entrar de manera ilegal en España, lo cual supone una grave falta de justicia con aquellos otros inmigrantes que entran en España de manera legal y ordenada y cumpliendo con los requisitos legales que pide el país. Además, regalar papeles a coste 0 supone dar un argumento extra a las mafias que trafican con personas para que vean España como el ‘paraíso’ de la inmigración gracias a su cantidad de ayudas y facilidades que dan para regularizarlos.
Un país, con una alta tasa de paro, trabajos precarios y en donde está demostrado que si llegan inmigrantes ilegales a España sin trabajo es sinónimo de aumento de delincuencia que acaban pagando las personas de los barrios más humildes. Los datos está ahí. En estos momentos, por ejemplo, en Cataluña ya hay más población extranjera reclusa que española.