(Lorenzo Malagola en Tempi)-Las próximas elecciones son una oportunidad para frenar la tendencia disgregadora de las fuerzas políticas hoy en el poder, que propagan una concepción uniforme y homologadora de la Unión europea.
En los últimos meses se están perfilando los grandes temas sobre los que se encenderá la próxima campaña electoral europea. Guerra, inmigración, energía y bioética representarán el terreno de juego entre los partidos. Recientemente, la Comisión europea propuso, en el marco de la Estrategia para la igualdad de las personas LGBT 2020-2025 deseada por la presidenta Von der Leyen, un reglamento para garantizar el reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo en toda la Unión. Una vez producido el reconocimiento en un Estado, se extendería automáticamente a todos los demás con la obligación de transcribir el certificado de filiación en los registros públicos. Una propuesta que, de ser aprobada en el largo proceso que implica tanto a las instituciones comunitarias (Parlamento y Consejo europeos) como a los parlamentos nacionales, supondría un cambio radical en el derecho de familia.
El pretexto jurídico en el que se basa esta iniciativa es el de la libertad de circulación en el espacio de la Unión, enmascarando en realidad la voluntad de reformar y uniformar el Derecho de familia de los Estados miembros. Una clara injerencia de la Comisión contraria al derecho comunitario, que se basa en estos temas en el principio de subsidiariedad.
Cada vez más bioética en la agenda
El reglamento en discusión es también una estrategia para obligar a los ordenamientos jurídicos nacionales a reconocer la práctica del vientre de alquiler, una técnica prohibida por la ley italiana -ex lege 40/2004- y condenada por la jurisprudencia con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2022, en virtud del principio de no mercantilización de la maternidad. A menudo denominada [en Italia] con el acrónimo Gpa (gestazione per altri -gestación por otros-), que astutamente despierta nuestros mejores sentimientos, la práctica consiste en una forma de procreación asistida en la que una mujer (madre de alquiler) gesta en nombre de una o varias personas. En la práctica, el procedimiento se rige por un contrato entre los compradores y la gestante, a la que se paga por el servicio prestado, es decir, por el embarazo llevado a término.
Estos mecanismos -así como las constantes reprimendas de las instituciones de la Ue a Italia y a los países que no se alinean con el pensamiento dominante- nos indican que las cuestiones bioéticas llenan cada vez más la agenda política. Desde el punto de vista cultural, el progresismo quiere despersonalizar la maternidad y la paternidad borrando la relación entre la mujer y el hijo que lleva en su seno e ignorando los vínculos biológicos y psíquicos entre ambos. El embarazo se convierte en un servicio de pago, el parto en un servicio. Estamos al borde del abismo: el acto generativo, fundamento de la sociedad, se desvincula de la naturalidad de la relación humana, y la diferencia sexual se borra en favor de una fluidez siempre cambiante.
Desde un punto de vista técnico, asistimos a una intromisión sistemática de la Comisión en asuntos de competencia nacional. No se respeta el principio de atribución. El artículo 81 sobre la libre circulación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea solo se refiere a medidas de Derecho de familia que tienen implicaciones transnacionales, mientras que con el certificado europeo de filiación se modificarían en esencia las normas nacionales de filiación.
Vicios del eje populares-progresistas
El certificado único tampoco responde al derecho de los menores a circular y residir libremente en los Estados miembros (establecido en los artículos 20 y 21 de susodicho Tratado); para ello bastaría un certificado europeo de libre circulación y residencia reservado a los menores, y no uno con una función generalizada de determinación o prueba de la filiación. Por tanto, se produciría una clara vulneración del principio de proporcionalidad.
Por último, el nivel político. El eje populares-progresistas que gobierna la Comisión propaga una visión uniforme y estandarizada de Europa. La diversidad se utiliza como instrumento de homologación. Las próximas elecciones son el banco de pruebas para limitar la fuerza destructiva y disgregadora que corre bajo la piel de las actuales fuerzas políticas. Y, si es posible, para iniciar una construcción orgánica y coherente con la visión de los padres fundadores de la Unión europea.
Publicado por Lorenzo Malagola en Tempi
Traducido por Verbum Caro para InfoVaticana