Los obispos de Portugal lamentan la aprobación de la ley de eutanasia

Los obispos de Portugal lamentan la aprobación de la ley de eutanasia

La Conferencia Episcopal Portuguesa ha emitido un comunicado en el que «lamenta profundamente la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido por la Asamblea de la República, promulgada por el Presidente de la República».

Hasta ahora, el presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, se había opuesto hasta en dos ocasiones a promulgar esta ley. «El presidente de la República promulgó el Decreto n.º 43/XV, de la Asamblea de la República, tal como está obligado en los términos del artículo 136, n.º 2 de la Constitución», dijo presidencia en un comunicado.

Por su parte, los obispos lusos sostienen que comparten «la tristeza expresada por el Papa Francisco el pasado 13 de mayo, tras la confirmación parlamentaria del diploma sobre muerte médica asistida: “Hoy estoy muy triste, porque en el país donde apareció Nuestra Señora se promulgó una ley para matar. Un paso más en la larga lista de países con eutanasia”.

La Conferencia Episcopal de Portugal subraya que «como hemos reafirmado en varias ocasiones a lo largo del proceso legislativo que ahora llega a su fin, con la legalización de la eutanasia se quebranta el principio fundamental de la inviolabilidad de la vida humana y se abren peligrosas puertas para una ampliación de las situaciones en las que se puede pedir muerte asistida».

De igual modo denuncian que «con la despenalización de la eutanasia, la vida humana queda desprotegida y sufre un grave atentado a su valor y dignidad. La muerte se presenta ahora como una solución al dolor y al sufrimiento, en lugar de promover cuidados paliativos humanizadores hasta el final natural de la vida».

«Reiteramos una vez más el llamado a las familias y a los profesionales de la salud, a quienes siempre se debe garantizar la objeción de conciencia, para que rechacen de plano las posibilidades que abre la legalización de la eutanasia», piden los obispos portugueses.

El texto concluye señalando que «la entrada en vigor de esta ley representa un claro retroceso civilizatorio», pero mantienen «la esperanza de que pueda ser derogada y que la vida humana, que es un don invaluable, vuelva a ser valorada y defendida en todas sus etapas».

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