Cuando la Iglesia española prepara una nota para responder a la aprobación de una de las leyes más peligrosas de nuestro tiempo, la engañosamente llamada Ley de Protección de la Infancia, uno espera ver a los pastores alarmar sobre la acción de los lobos. Lo que hemos tenido, en cambio, es la reacción del explorador que espera que el cocodrilo le coma el último.
Estamos solos. En la guerra cultural, frente a unas élites decididas a arrebatarnos a nuestros hijos y modelarles a su imagen y semejanza, de acuerdo a su modelo antropológico radicalmente anticristiano e incluso ajeno a la civilización, no podemos contar con nuestros pastores como aliados.
El mensaje fundamental que quieren dejar claro en su nota es que solo el 0,2% de los casos de abusos infantiles son perpetrados por clérigos, en defensa ante las declaraciones de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que señaló a la Iglesia como cómplice de esos abusos por encubrimiento.
Eso es, al parecer, lo que más les importa de todo este asunto: quitarse el ‘muerto’ de encima. Y ni siquiera con respecto a los fieles, su grey: solo sus ‘cuadros’, los clérigos, como si fueran una empresa preocupada por su imagen de marca.
En cuanto a la propia ley, ni una crítica, ni la más leve, ni una objeción apenas insinuada: fuera de la acusación de Belarra, todo es estupendo, una “buena noticia”, sin más. Lo pone en el nombre, ¿no? ‘Protección de la Infancia’. ¿Quién podría ser tan desalmado como para estar en contra de que se “proteja a la infancia”. No los obispos, Dios nos libre. Si lo dicen nuestros gobernantes, seguro que está bien (pero no nos toquen el IBI ni la X). Espectacular.
La ley exuda ideología, toda ella sustitutiva de la antropología cristiana que ha primado durante siglos en Occidente, incluso después de la primera gran descristianización de Europa. Pero eso a nuestros pastores no les quita el sueño. Como no se lo quita que la ley se pase por el arco del triunfo el convenio de Estambul y reconozca como autoridad a funcionarios públicos que no son jueces para determinar la separación de los niños de sus progenitores, por ejemplo.
Por citar: «Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.» Cualquier medida, y perspectiva de género hasta en la sopa, hasta lo que nadie en su sano juicio pudiera relacionar ni remotamente con el género, aunque ya el mismo concepto de ‘género’ es una inaceptable trampa léxica sin sentido.
Todo son comisiones, nuevas agencias, nuevas profesiones, promoción de esto y de lo otro, y todo lo aplaudimos porque, hey, es para ‘proteger a la infancia’, lo dice el Gobierno, y el Gobierno es un hombre honrado que nunca nos mentiría.
La ley es un paso más en la deslegitimación de los padres y las familias como responsable de los menores, aumentando la influencia del Estado sobre las mentes y las actitudes de nuestros hijos. Y nuestros hijos, al parecer, no interesan demasiado a nuestros obispos, que se dan por satisfechos dejando claro que ellos son culpables, pero muy poquito.
Comunicado de la CEE:
En el día de ayer se aprobó en el Congreso de los diputados la Ley contra la violencia a la infancia. Es una buena noticia que el Congreso se haga eco de una problemática que afecta a la sociedad española. En el ámbito del debate parlamentario, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló a la Iglesia como cómplice de esos abusos por encubrimiento. Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad.
Estudios independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en nuestro país. Esos estudios han señalado que el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección.
La Iglesia y su compromiso con la protección de menores
La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas.
Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano.
En este fin trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación.
Queremos finalmente renovar el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante y agradecer el trabajo de todos los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro mejor.