Cruce de tuits entre el ministro del Interior, Matteo Salvini, y el Cardenal Ravassi a cuenta del destino del Aquarius; elogios oblicuos del Cardenal Osoro a la postura de acogida de Sánchez. El clero apuesta fuerte por la inmigración masiva.
Por muy laicos que pretendan ser, en Italia la Iglesia nunca está muy lejos de la política. La condición de Estado de la Ciudad del Vaticano está muy bien y es probablemente necesaria, pero no deja de ser un solar algo grande no solo en el corazón del país, sino dentro de su misma capital.
Eso hace que siempre exista cierta cohabitación tácita entre el Gobierno y el Vaticano, una coexistencia que puede ser cordial, tibia, o, como es el caso actualmente, gélida hasta lo siberiano.
Al Papa, como al episcopado italiano, no le gusta un pelo el gobierno nacido de la coalición de las dos fuerzas ‘populistas’ más votadas, el inclasificable Movimiento 5 Estrellas de Luiggi Di Maio y la Liga Norte de Matteo Salvini. Dicen, incluso, las malas lenguas que la Santa Sede podría estar entre las instituciones que presionaron sobre el presidente de la República, Sergio Mattarella, para que no aceptara el primer gabinete diseñado por la coalición e incluso para que intentara volver a los ‘gobiernos técnicos’, ignorando las urnas.
Su Santidad es un hombre expresivo, y no puede evitar -o no quiere- dejar claras sus simpatías, y antes de la campaña ya había derrochado gestos de cariño con políticos que, como Emma Bonino, están en las antípodas del Gobierno Conte.
Pero si en un punto concreto del programa estaban en curso de colisión los partidos vencedores y los obispos es en el de la inmigración. El Papa ha dedicado una atención vehemente y desproporcionada a defender una postura inmigracionista extrema, contra viento y marea e incluso frente a los ruegos de los prelados africanos, que ven cómo sus diócesis se despueblan y sus fieles se enredan con mafias y acaban en las calles de un paraíso europeo que solo existía en sus sueños.
El incidente que ha provocado el último enfrentamiento ha sido la negativa de Salvini, como ministro del Interior, a dejar desembarcar un barco de ‘rescate’, el ‘Aquarius’, con más de seiscientos inmigrantes subsaharianos recogidos frente a las costas libias.
La ocasión ha sido un tuit de Salvini celebrando el cierre de los puertos al Aquarius -cuyo desembarco en Valencia ha propuesto nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-, calificándole de «¡Victoria!». Al que el Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio consejo de la Cultura, ha respondido en la misma red social: «Era extranjero y no me recibisteis» (Mt 25,43) #Aquarius».
Hace solo unos días, el Papa recordaba su visita a un campamento de refugiados en la isla de Lesbos: «Mientras quedaba hechizado por el escenario del cielo azul y del mar, me golpeó la idea de que un mar tan hermoso se hubiera convertido en una tumba para hombres, mujeres y niños que en gran medida solo trataban de huir de las condiciones inhumanas de su tierra». Y el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, advertía en una «jornada de oración por Italia» que «hay una humanidad italiana que no debemos perder o dejar que degenere en odios o racismos».
Incluso el (desaparecido) Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, aprovecha la ocasión para marcarse un tanto asegurando que el Aquarius es «una llamada de Cristo a Europa» y que el mandato del Evangelio es «claro»: «Fui forastero y me hospedasteis».
La Iglesia, naturalmente, tiene no solo el derecho sino también la obligación de recordar el trato de acogida que el cristiano debe dar al que sufre, pero ninguna de sus doctrinas morales puede tener como consecuencias resultados desastrosos o, a la larga, injustos y perjudiciales para la comunidad. Lo recordaba el propio predecesor de Francisco, Benedicto XVI, con motivo del Día Mundial del Emigrante y el Refugiado de 2011, donde después de insistir en la acogida y la solidaridad, puntualiza: “Los Estados tiene el derecho a regular los flujos migratorios y a defender sus fronteras, garantizando siempre el respeto debido a la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Los inmigrantes, además tienen el deber de integrarse en el país que les acoge y de respetar sus leyes y su identidad nacional”.
El caso italiano describe una situación límite, como ha demostrado el vuelco en las urnas. En 2017 llegaron por mar a las costas italianas 119.369 inmigrantes indocumentados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 181.436 el año anterior. En los últimos cinco años, se calculan en 700.000 los inmigrantes ilegales llegados a Italia. Italia sucedía así a Grecia, el principal punto de entrada hasta la firma del acuerdo firmado por la UE con Turquía en marzo de 2016, que cerró la ruta de oriente a través de Oriente Medio.
El diario La Republica analizó una operación de deportación y calculó un coste de 3.965 euros por cada deportado. A ese coste, la promesa del nuevo gobierno de deportar a medio millón costaría a los contribuyentes italianos casi 2.000 millones de euros. Pero mantenerlos no es más barato, al contrario: el gobierno anterior dedicó cinco mil millones de euros a gastos relativos a la crisis de la inmigración en 2018, un 20% para rescates en el mar, un 15% para asistencia sanitaria y un 65% en centros de recepción, que albergan a unas 200.000 personas.
Mantener el maximalismo inmigracionista con citas del Evangelio -olvidando que no ha habido hereje que no haya sido aficionado a citarlo- puede parecer la postura más cristiana, pero el resultado al que parece abocar es la destrucción de la misma civilización que ha construido la Iglesia.