El obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha decidido sumarse al discurso buenista izquierdista para defender la presencia de inmigrantes ilegales en España.
Al obispo de la diócesis riojana le parece injusto generalizar sobre la población inmigrante y hace un llamamiento a «favorecer, integrar y acompañar» a quienes llegan de otros países indistintamente si su llegada de hace de manera legal o ilegal.
«Solo hay que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de cuántas personas forman parte de nuestra sociedad y proceden de otros lugares», explica, insistiendo en que «asociar inmigración con delincuencia es una visión injusta».
El que fuera obispo auxiliar de Madrid ha hecho estas declaraciones ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la Semana Social Diocesana, que se va a dedicar a abordar la situación de los migrantes no acompañados que cumplen 18 años «y pasan en un día de tener la tutela de la administración a ser chavales de nadie».
Montoya ha reconocido que la Iglesia «no determina cuántos menores deben ser acogidos en un lugar u otro», pero ha subrayado que «las personas tienen derecho a emigrar».
Además «lo que pasa en Canarias no es solo un problema de Canarias, lo es de España y de Europa» y «por eso tiene que haber diálogo y también buscar soluciones en sus países de origen», ha concluido.
La realidad que desconoce el obispo
Estas declaraciones del obispo riojano llegan en un contexto en donde la inmigración ilegal vuelve a estar en el foco de la polémica tras los últimos disturbios y altercados provocados por población inmigrante en Salt.
Aunque el obispo Santos Montoya insista en ese discurso, la realidad es que existe una correlación directa entre inmigración y delincuencia. Tal y como mostró hace unos días el periodista Iker Jiménez en su programa en el canal Cuatro los delitos en Cataluña del 2020 a 2023 fueron cometidos en su mayoría por población extranjera cuando representan el 19% de la población total. Además, en las cárceles catalanas el 52% de los presos son de nacionalidad extranjera cuando solo representan una quinta parte de la población en esa comunidad autónoma.
