El sacerdote de la diócesis de Cartagena, A. L. Z, ha sido condenado por la sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia a nueve años de prisión por dos delitos de abuso sexual a menores.
Además de la pena que le privará de libertad, se le ha impuesto libertad vigilada durante 7 años, una vez cumplida la condena y la obligación de indemnizar a los dos menores con 8.200 euros.
Al sacerdote, que ejercía su ministerio en la localidad de San Pedro del Pinatar cuando ocurrieron los hechos, se le considera autor de un delito de abuso sexual a un menor de 13 años por agarrar el pene a un niño cuando este jugaba con una videoconsola en su domicilio, y de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años por tocar los genitales de un chico en varias ocasiones, “para satisfacer su apetito sexual” y aprovechando, en ambos casos “su condición sacerdotal y de amistad con ellos y su familia”.
El caso fue denunciado en 2019 por el propio obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, quien cesó al cura investigado de sus encargos en Yecla, donde fue traslado desde San Pedro del Pinatar.
La diócesis de Cartagena pide perdón
Tras conocerse la sentencia, que no es firme y por tanto puede ser aún recurrida por el acusado, el obispado cartaginense ha emitido un comunicado para pedir perdón y ofrecer ayuda a las víctimas.
La diócesis afirma «que, formando parte de una sociedad que se ha constituido, desde su libertad, en un Estado de Derecho, muestra el más profundo respeto por las actuaciones de la Justicia».
Además, añaden «que estos hechos, lamentables y dolorosos, no empañen la labor de tantos sacerdotes de nuestra diócesis que se entregan cada día con fidelidad al Evangelio y responsabilidad en su ministerio».
El obispado murciano subraya «que sigue cercano a las víctimas y a sus familias, a las que pide perdón y sigue ofreciendo su ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables».
También manifiestan «su compromiso a erradicar cualquier comportamiento que afecte a la dignidad de la persona, especialmente de las que son menores de edad y más vulnerables».
Por último, señalan «que, como está establecido en la normativa de la Iglesia, el Rvdo. A. L. Z. sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso».