Editorial CCM / Hace un año, el primer domingo de junio de 2024, los mexicanos vivimos una jornada electoral que representó un gran entusiasmo; a diferencia de ese momento, la elección judicial del 1 de junio de 2025 en México, presentada como un ejercicio de democracia directa, ahora se nos presenta bajo nieblas y tinieblas, bajo serias dudas sobre su legitimidad y utilidad. Impulsado por reformas recientes, el oficialismo dice que es “mandato popular” que busca que la ciudadanía elija a jueces, magistrados y ministros, pero sobre esta elección, consecuencia del capricho de una oligarquía de izquierda, existen razones de peso para considerar que millones de ciudadanos usarán, como en otros tiempo, el abstencionismo como un arma para demostrar el repudio y la resistencia crítica frente a un sistema que se perfila a enquistarse en los tres poderes de lo que todavía se llama República.
La pregunta recurrente, por otro lado, hace eco sobre si los electores asistirán a las urnas para enfrentar un galimatías de opciones y papeles electorales que no son de sencilla comprensión para millones. Elegir a los encargados de impartir justicia exige un conocimiento profundo de sus trayectorias, competencias y ética profesional. La campaña electoral fue insuficiente para informar a la población sobre los candidatos. ¿Cómo puede un ciudadano promedio, sin acceso a información clara y detallada, emitir un voto razonado? Esta simulación de empoderamiento ciudadano esconde la justificación perfecta para manipular en nombre de la democracia y tener, en consecuencia, el voto legítimo para una persona conveniente al régimen.
En esta tesitura, ya se ha explorado cómo la elección popular de jueces abre la puerta a la politización del Poder Judicial. Es innegable que un juez no tiene representación política; sin embargo, la mayoría oficialista ha abierto una caja de pandora. Los candidatos, al depender del voto serán leales al poder que los llevará a ocupar una oficina. Esto amenaza la independencia judicial, un pilar esencial de cualquier democracia. Un juez elegido por popularidad no garantiza decisiones justas ni basadas en la ley.
Como tal, el proceso de selección de candidatos no ha sido transparente ni riguroso. Conforme se dieron las supuestas campañas, la mayoría por redes sociales y a través de la llamada “basura electoral”, se conocieron perfiles sospechosos de estar coludidos con el crimen o bien solapados por sectas siniestras y acusadas de abusos religiosos. Los requisitos para postularse fueron laxos y la evaluación de perfiles marcada por opacidad y sospechas de injerencia política. Sin un mecanismo robusto para garantizar la idoneidad de los aspirantes, el voto se convertirá en el justificante perfecto que el oficialismo ostentará como legitimación de una elección que, de raíz, ha nacido corrupta.
Sin embargo, más grave, es que la reforma judicial, promovida como una aparente democratización, aparece como la forma de someter y poner de rodillas al Poder Judicial a los intereses del gobierno en turno, para elegir a “ministras y ministros del pueblo”, adictos y sectarios al líder del partido y a la agenda de destrucción de las instituciones. Al someter a los jueces al escrutinio popular, se debilita su autonomía y se facilita la captura del sistema judicial por mayorías políticas.
Algunos obispos, como el de la diócesis de Cancún-Chetumal, no dudaron en decir que esta elección “es una vacilada”; otros, mientras se cocinaba, así “cocinaba”, no legislaba, señalaron que los senadores serían unos “traidores a la patria” por aprobar la reforma judicial, porque, efectivamente, una elección consumaría el desmantelamiento de las instituciones para someter a otro Poder que, en el pasado, fue el contrapeso de las demencias del Ejecutivo.
El 1 de junio de 2025, México enfrenta una disyuntiva: participar en un proceso que podría legitimar un sistema defectuoso o abstenerse para exigir una verdadera reforma que garantice una justicia imparcial y profesional. Nadie está obligado, en conciencia, a votar porque una ley injusta e imperfecta, manipulada por una oligarquía. Para algunos, votar será un ejercicio sincero para ver un supuesto cambio y hacer posible la justicia; para millones más, no votar es un acto de conciencia, un rechazo a un mecanismo que, en lugar de fortalecer la democracia, la erosiona. La justicia no se construye con votos desinformados, sino con instituciones sólidas y transparentes. ¿Irás a votar?