Para la Conferencia Episcopal Española, la libertad de culto es un derecho sagrado… siempre que no se trate de los propios católicos. Cuando un ayuntamiento decide que su polideportivo solo lo usará el consistorio, Añastro convoca a la tropa: comunicado urgente, citas de la Constitución y de la ONU, tono indignado y defensa apasionada del derecho ajeno a celebrar su fe.
Pero cuando Roma publica Traditionis Custodes y decenas de comunidades son expulsadas de sus altares, se cierran Misas y se limita un rito venerado durante siglos, silencio absoluto. Ni un comunicado, ni una homilía, ni un tuit. Como si la libertad de culto se aplicara por categorías: todo el ardor para Jumilla, toda la indiferencia para la Misa de siempre.
La fórmula que funciona
Quizá los fieles del vetus ordo se equivocaron de estrategia. En vez de pedir a sus obispos que intercedieran ante Roma, tendrían que haber conseguido que VOX presentara una moción para prohibir la Misa tradicional en un polideportivo.
En cuestión de horas, García Magán estaría denunciando el atropello, citando el artículo 16 de la Constitución, defendiendo la “diversidad litúrgica” y proclamando que nadie debe ver limitado su derecho a rezar según su tradición. Y todo, por supuesto, con un titular de fondo en el periódico adecuado.
Libertad selectiva
Mientras tanto, el mensaje que cala es claro: en la España episcopal, la libertad de culto existe… pero con condiciones. Si es ajena, se defiende con uñas y dientes. Si es propia, y sobre todo si incomoda a Roma, mejor callar y obedecer.
Al final, lo único que nos enseña Jumilla es que, para ser defendido por nuestros pastores, hay que ser cualquier cosa… menos católico tradicional.