En un artículo de opinión publicado en ABC, el jurista y católico Benigno Blanco ha manifestado su desconcierto e indignación ante el proceso eclesiástico que ha llevado a la expulsión de José María Martínez del Opus Dei. Blanco sostiene que la decisión tomada por el obispo de Teruel, José Antonio Satué, incumple principios fundamentales del derecho y los derechos humanos que la propia Iglesia defiende.
«Como católico reconozco los poderes del Papa –tanto ejecutivos como legislativos y judiciales, usando terminología moderna– en el seno de la Iglesia. Como jurista deseo y espero que el uso de esos poderes se haga conforme a los criterios de la ética jurídica de universal aceptación en el siglo XXI», expresa Blanco en su texto. En ese sentido, denuncia que en el caso de Martínez se han vulnerado principios esenciales del derecho, como el respeto a la presunción de inocencia, la prohibición de juzgar dos veces por los mismos hechos y el derecho a ser defendido por un abogado de libre elección.
Blanco destaca que el acusado ya había sido juzgado y absuelto por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la instancia competente según el derecho canónico, pero posteriormente fue sometido a un nuevo juicio ante un tribunal designado ‘ad hoc’. «El señor Martínez fue juzgado por el juez predeterminado por la ley canónica […] y absuelto; ahora es juzgado de nuevo por un juez nombrado ‘ad hoc’ fuera de todo procedimiento predeterminado y aplicando retroactivamente leyes posteriores a los hechos juzgados», critica el autor.
Otra de las irregularidades que denuncia es que el tribunal eclesiástico rechazó sin motivación la mayor parte de las pruebas propuestas por Martínez y le prohibió contar con los abogados de su elección. «En el decreto condenatorio no hay ni una palabra sobre el derecho a la presunción de inocencia del acusado, derecho que ha sido despreciado –por tanto– por el obispo que sentencia y condena», enfatiza Blanco.
El jurista también señala que el Papa Francisco, impulsor del proceso, escuchó al denunciante pero se negó a recibir al acusado, lo que considera una falta de imparcialidad. Además, subraya que la normativa aplicada al caso se modificó sobre la marcha para garantizar una condena. «La normativa a aplicar a efectos de la acusación y la sanción se han cambiado, constante el proceso, al comprobar lo absurdo del planteamiento inicial, suscitando así la sospecha de que se trataba de condenar como fuese», denuncia Blanco.
En su análisis, el autor sostiene que si una autoridad eclesiástica actúa arbitrariamente y vulnerando derechos fundamentales, pierde su legitimidad de ejercicio, al igual que ocurriría con cualquier gobernante. «Si esto lo hiciese un Estado contemporáneo, no dudaría en calificarlo de totalitario e incompatible con el respeto a los derechos humanos», advierte Blanco, citando los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pese a su crítica, Blanco reafirma su amor y respeto por la Iglesia y el Papa, siguiendo el ejemplo de José María Martínez, a quien considera «la víctima de este entuerto». Mientras tanto, Satué se pasea tan alegremente por la Conferencia Episcopal Española.