El cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, ha emitido un decreto penal en el que limita las funciones pastorales del sacerdote E. G. G., tras un proceso judicial eclesiástico promovido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Según el comunicado de la Archidiócesis de Madrid, las medidas adoptadas comenzaron a aplicarse el pasado mes de julio y suponen un importante cambio en las responsabilidades del sacerdote. Estas decisiones se han tomado en consonancia con la normativa canónica vigente y tras haber escuchado a las personas implicadas y a las víctimas, según se menciona en el precepto.
El cardenal Cobo ha determinado que el sacerdote afectado sea limitado en sus funciones pastorales. Entre las medidas establecidas está la revocación de la facultad de confesar por un periodo de 10 años y de la facultad de predicar; también se incluye la prohibición absoluta de realizar exorcismos y cualquier tipo de oración de sanación, liberación o de imposición de manos y de llevar a cabo procesos de dirección espiritual a cualquier persona. Estas medidas -según la archidiócesis- se han adoptado después de un largo procedimiento, tras una evaluación minuciosa y en consonancia con la normativa canónica vigente.
No obstante, fuentes conocedoras de este caso aseguran a InfoVaticana que no ha habido ningún tipo de proceso judicial ni canónico ya que Roma decidió no abrir el proceso. Por tanto, el sacerdote no ha sido condenado al no haber investigación ni defensa.
Exdirector espiritual del Seminario y profesor en San Dámaso
E. G. G., conocido por su vida ascética y su dedicación a los pobres, fue durante años director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid. Quienes le conocen señalan que es un hombre «con una intensa rutina de oración y mortificación». El padre Enrique fue también exorcista de la diócesis, cargo que desempeñó tras ser nombrado por el cardenal Antonio María Rouco Varela, a propuesta de Monseñor Eugenio Romero Posee, con quien mantenía una estrecha relación. Sus labores como exorcista atrajeron a numerosos fieles, formándose largas colas en su confesionario en la catedral de la Almudena y extendiéndose su fama como un sacerdote entregado a los más necesitados. Fue también profesor de Lectura cristológica del Antiguo Testamento en la universidad eclesiástica de San Dámaso.
Sin embargo, la trayectoria del padre Enrique comenzó a torcerse hace dos años, cuando fue citado para declarar tras una denuncia. Según fuentes cercanas al sacerdote, la investigación ha estado marcada por «irregularidades procesales». Entre ellas, se destaca que no contó con abogado durante la primera fase del proceso, a pesar de que este debía haber sido obligatorio. Además, afirman que las declaraciones de Enrique fueron manipuladas y que ciertos documentos que él aportó en su defensa no se incluyeron en el expediente.
Primer ‘castigo’ en Castellón
El proceso culminó con una sanción inicial que le obligó a pasar un año en la residencia sacerdotal de Castellón. «A pesar de las duras condiciones que se le impusieron, el padre Enrique mantuvo su rigurosa vida ascética, durmiendo en el suelo y dedicando casi todo su tiempo a la oración», señalan fuentes cercanas al sacerdote a InfoVaticana. En ese tiempo, según relata, sufrió una intensa presión psicológica por parte de la dirección de la residencia, llegando incluso a sugerírsele que renunciara al sacerdocio, algo que él rechazó tajantemente.
El recurso presentado por el padre Enrique ante Roma fue resuelto en apenas 15 días, un plazo inusualmente corto para estos procesos, en el que se le dio la razón. No obstante, en lugar de proceder al levantamiento de las medidas, se abrió una nueva investigación, esta vez centrada en exorcismos que realizó, en su mayoría ya prescritos. A raíz de esta nueva indagación, el Tribunal de la Rota de Nunciatura Apostólica en Madrid le prohibió celebrar misa en público como medida cautelar.
Denuncias por supuestos abusos de poder y conciencia durante exorcismos
Entre las acusaciones que se han presentado contra el sacerdote se encuentra una denuncia por supuestos abusos ocurridos durante los exorcismos. Según la información disponible, una mujer, que mantuvo una relación con uno de los dirigidos espirituales del padre Enrique, lo acusó de aprovechar las sesiones de exorcismo para abusar de ella. Este proceso fue recurrido en Roma, donde se falló a favor del sacerdote, aunque las medidas cautelares nunca fueron retiradas.