La Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha emitido un comunicado para aclarar la situación actual en el Monasterio de Belorado. Esta respuesta surge tras la difusión de información incorrecta en varios medios de comunicación.
La Comisión Gestora ha subrayado que no ha iniciado ningún procedimiento judicial para desalojar a las exreligiosas que aún residen en el Monasterio de Belorado. Aunque están considerando todos los escenarios posibles, han solicitado un informe de vulnerabilidad al Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos para evaluar la situación de todas las residentes, tanto las exreligiosas excomulgadas como las cinco hermanas mayores que continúan en la comunidad.
Según el comunicado, las exreligiosas decidieron libre y voluntariamente separarse de la comunión con la Iglesia, lo que resultó en su expulsión automática del estado de vida consagrada. Esto significa que legalmente ya no tienen derecho a residir en el monasterio. La Comisión ha señalado que, si las exreligiosas no abandonan voluntariamente el lugar, tomarán las medidas legales necesarias.
Preocupación por las hermanas mayores
La Comisión ha expresado una preocupación especial por las cinco hermanas mayores que aún forman parte de la comunidad monástica. Han indicado que estas hermanas no se han unido al cisma y, según familiares, no pueden o tienen dificultades para expresar su decisión de permanecer en la Iglesia. Por lo tanto, seguirán recibiendo el cuidado necesario.
El comunicado también aclara que el Comisario Pontificio, como representante legal, tiene el derecho de acceder a los monasterios. En una reciente visita al Monasterio de Derio, el acceso fue facilitado, y se cambió una cerradura para asegurar el acceso libre al inmueble. Sin embargo, las exreligiosas han impedido el acceso del guardés y de otras personas al bloquear una entrada alternativa.
La Comisión Gestora ha asumido la responsabilidad de la situación financiera de los monasterios. Ha informado que la exabadesa no ha proporcionado la información económica requerida, excepto por facturas y nóminas pendientes. Con un saldo inicial de aproximadamente 6,000 euros en las cuentas bancarias, la Comisión se enfrenta a deudas mucho mayores, incluyendo facturas por alrededor de 36,000 euros y otros gastos importantes.
La Comisión concluye su comunicado reiterando su compromiso con la legalidad y el bienestar de todas las personas involucradas.