La Santa Sede fue «víctima de un grave fraude» en la compraventa de un edificio en Londres, reiteró tres veces el sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, durante su tercer y último interrogatorio en la Corte Real de Justicia de Londres. Este juicio civil sobre la operación inmobiliaria de Sloane Avenue se desarrollará hasta el 18 de julio.
La audiencia se caracterizó por una mayor tensión que las anteriores, con intercambios acalorados, especialmente por parte del abogado Charles Samek, defensor del financiero Raffaele Mincione, quien fue condenado en primera instancia por el Tribunal vaticano en diciembre de 2023. La demanda de Mincione, presentada hace cuatro años, buscaba demostrar su «buena fe» en las negociaciones con la Secretaría de Estado. Sin embargo, su nombre no se mencionó hasta una hora y media después del inicio de la sesión.
Durante las audiencias del 5 y 6 de julio, se discutieron las transacciones con el corredor Gianluigi Torzi y el pago de 15 millones de euros por parte de la Santa Sede para recuperar el control de una de sus propiedades. Al final de la audiencia, Samek presentó 20 proposiciones contrarias a las posiciones de la Santa Sede, las cuales Peña Parra negó con contundencia, incluyendo la acusación de haber proporcionado información parcial al Papa en una nota informativa sobre el asunto de Londres.
Una «nota» del 2 de mayo de 2019, en la que Peña Parra reconstruía todo el asunto de Londres para el Papa, fue presentada como prueba. Este documento mencionaba el pago a Torzi, certificado con facturas de servicios que nunca se realizaron. Peña Parra explicó que Torzi había amenazado con revender el edificio, como lo demostraba un «panfleto» recibido una semana antes del momento final.
Peña Parra también afirmó que Torzi, tras enviar una factura falsa, tuvo poco o ningún contacto con la Santa Sede. Recordó que meses antes había apartado a Fabrizio Tirabassi del consejo de administración del Fondo Gutt, el único que representaba a la Santa Sede hasta entonces.
Según recoge The Pillar, Edgar Peña Parra admitió haber firmado una factura de cinco millones de euros que sabía que era “completamente ficticia” y dijo a los abogados: “Ustedes dijeron que no fui honesto. Lo acepto”, pero negó ser “un mentiroso” o haber inventado su testimonio sobre la marcha.
El abogado Samek argumentó que existía un acuerdo con Torzi, mencionando meses de negociaciones y un pago de 15 millones, en contraste con la cifra inicial de 1 o 2 millones acordada para finalizar la relación con el corredor. Samek también cuestionó la existencia de una conspiración entre Torzi y Mincione, señalando que la esposa de Mincione seguía utilizando una oficina del edificio sin pagar alquiler.
Samek insistió en mostrar mensajes de WhatsApp entre Torzi y el entonces secretario del sustituto, monseñor Mauro Carlino, para probar que se elaboró una factura falsa. Peña Parra refutó, diciendo que las respuestas insistentes de Torzi eran prueba de extorsión.
Peña Parra negó todas las acusaciones, afirmando que rechazaron la factura y las actividades que Torzi decía realizar. Aclaró que la indicación al Credit Suisse para el desembolso de 5 millones era para la liquidación total de todas las obligaciones contractuales.
El juicio continuó con preguntas detalladas y documentos presentados en tiempo real, con Peña Parra ofreciendo contexto en sus respuestas. El juez Robin Knowles recordó al abogado Samek que hiciera preguntas más cortas y centradas, evitando insistir en puntos ya respondidos o desconocidos para el testigo, como los 200 millones pagados en 2014 a la Sicav en Luxemburgo. Peña Parra concluyó señalando que en ese entonces no estaba en el Vaticano, sino en Mozambique.