La Santa Sede ha publicado las nuevas instrucciones con las que se busca levantar la alfombra y animar a denunciar presuntos delitos de corrupción en el Vaticano.
El procedimiento facilitará la difusión del conocimiento de «denuncia de irregularidades», vigente en la legislación de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano a la Oficina del Auditor General.
Con esta medida, se busca que el Auditor General sea el destinatario de informes sobre situaciones particulares relacionadas con anomalías en el uso o asignación de recursos financieros o materiales; irregularidades en la concesión de contratos o en la realización de transacciones o enajenaciones; actos de corrupción o fraude.
El procedimiento establece que los informes pueden presentarse por escrito, utilizando un buzón específico segnalazionianomalie@urg.va o por carta confidencial dirigida al Auditor General. También son posibles los informes orales, a petición de la persona que pretende presentar el informe: esto puede hacerse mediante una reunión en persona o por videoconferencia con el Auditor General.
El Auditor General, por su parte, salvaguarda la confidencialidad, integridad y seguridad de los informes y garantiza que la identidad de la persona que realiza un informe (el llamado denunciante) sólo pueda ser revelada a la autoridad judicial cuando ésta alegue que es necesario a efectos de investigación o actividad judicial.
Sin desvelar la identidad del denunciante y sin responsabilidad por violar el secreto de oficio
El procedimiento aclara que la prohibición de revelar la identidad del denunciante se refiere no sólo al nombre de éste, sino también a todos los elementos de la señalación, incluida la documentación adjunta a la misma, en la medida en que su divulgación, aunque sea indirecta, pueda permitir la identificación del denunciante. Además, se especifica que la comunicación de buena fe de actividades anómalas al Auditor General no da lugar a ninguna responsabilidad por violación del secreto de oficio ni de eventuales otros vínculos a la divulgación dictadas por disposiciones legales, administrativas o contractuales.
«La emisión del procedimiento dará un impulso aún mayor a las denuncias ya recibidas por la Auditoría General en años anteriores, facilitando, sobre todo a través del canal electrónico, el envío de las mismas», comentó el Auditor General, Alessandro Cassinis Righini, añadiendo «que el procedimiento aclara también el ámbito de las denuncias admisibles y excluidas, así como el hecho de que también se incluyen entre los sujetos legitimados aquellos que legítimamente mantienen relaciones económicas con la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano«.
Aparece así cada vez más clara la naturaleza orgánica de las reformas económicas, a partir de la normativa sobre contratos públicos recientemente modificada, que ya atribuye a la Oficina del Auditor General un papel de supervisión, junto con otros organismos de la Santa Sede y del Estado, precisamente en virtud de su papel de autoridad anticorrupción».
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