La Comisión de Protección de Menores del Vaticano anunció este martes la firma de un acuerdo -fechado el pasado viernes- entre la Comisión pontificia y el Dicasterio para el Clero, que “establece salas y estructuras para recibir y escuchar a los sobrevivientes (de abuso) y a todos aquellos que deseen denunciar casos de abuso».
El dicasterio también quiere trabajar más de cerca con las iglesias locales y en la formación de los sacerdotes, para que se vuelvan “más sensibles” al tema de la protección de los niños. Los datos y la información transmitidos a la Comisión por los funcionarios del clero se incluirán en el informe anual de la Comisión.
El cardenal Sean Patrick O’Malley, que preside la Comisión para la Protección de los Niños, calificó el acuerdo como «un logro importante para la comisión, ya que es parte directa de la Curia romana».
Se trata del segundo acuerdo entre la Comisión creada por el Papa Francisco en 2014 y una institución curial, tras la reforma de la Curia Romana establecida por la Praedicate Evangelium, que incluyó la creación del organismo antiabusos en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El primero fue firmado el pasado 21 de abril con el Dicasterio para la Evangelización, representado por el cardenal Luis Antonio Tagle, para reforzar los compromisos de prevención de los abusos en las Iglesias particulares.
El acuerdo pretende también promover el servicio a las Iglesias locales, así como a los sacerdotes y, sobre todo, a las víctimas de abusos.
Tres son las áreas principales de interés común del acuerdo firmado por el Prefecto del Dicasterio, el cardenal coreano Lazarus You Heung-Sik, y el cardenal Sean O’Malley. Más detalladamente, se establece, en primer lugar, que «se crearán espacios y estructuras de competencia del Dicasterio para acoger y escuchar a los supervivientes y a quienes intenten denunciar casos de abusos».
En segundo lugar, la colaboración «en los aspectos de protección contenidos en la Ratio Nationalis», el documento elaborado y adoptado por cada Iglesia particular que regula todos los aspectos de la formación sacerdotal, «adaptándolos al contexto cultural local».
En tercer lugar, el documento pide «facilitar la promoción de una formación inicial y permanente del clero, cada vez más sensible al ministerio de salvaguardia de la Iglesia».