Al presumirse como un acto pletórico de simbolismos y cargado de éxitos que presumirán la consolidación de la mal llamada «cuarta transformación», la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá el Primer Informe de Gobierno, en un documento que pintará el estado de la administración pública de un México próspero, inclusivo y soberano.
Los avances ya son esbozados en la serie de spots y promocionales que anticipan la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de programas sociales que ahora alcanzan al 82% de las familias mexicanas, la supuesta expansión del acceso a la salud universal con la finalización de decenas de hospitales y centros de atención, y el crecimiento educativo con miles de nuevas plazas en bachilleratos y universidades.
Los vaticinios del informe serán apuntalados en menciones de estabilidad económica, con récords en empleo formal, inversión extranjera y reservas internacionales, indicadores de violencia a la baja, como la reducción del 16% en homicidios en los primeros meses de su mandato. El miniinforme de los promocionales enfatizan la soberanía nacional frente a Estados Unidos y un estado de bienestar envidiable.
Sin duda, estos logros suenan convincentes en el papel y en la retórica oficial. Pero, ¿reflejan la realidad de un país donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas se desmoronan a pasos agigantados? En pocas páginas, el informe del Observatorio de Ciudadanía Católica y Análisis Social, publicado apenas una semana antes bajo el título «Destrucción de Derechos y Libertades de los Mexicanos: Sinopsis de un ‘drama normalizado'», ofrece una contranarrativa devastadora que expone las sombras detrás de las luces artificiales y las grietas que se abren de manera devastadora del gobierno de Sheinbaum. Inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, denuncia cómo la 4T ha normalizado un proceso de desmantelamiento institucional que deja a los ciudadanos indefensos ante un Estado cada vez más autoritario y corrupto.
Un ejemplo es el énfasis del informe en la justicia social y los programas del Bienestar. Sheinbaum presume de haber convertido estos apoyos en derechos constitucionales, con inversiones millonarias que benefician a millones de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Sin embargo, el observatorio católico alerta sobre el costo oculto: la deuda pública ha escalado a 18.82 billones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda al cierre de junio de 2025, lo que equivale a una carga de 142 mil pesos por habitante.
La «austeridad republicana» se contradice con los escándalos de lujo entre políticos de Morena, como viajes VIP a Tokio, China y Europa, cenas de 47 mil pesos y adquisiciones de departamentos de alto nivel que el salario mínimo no puede financiar. ¿Dónde queda la transparencia cuando instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han sido neutralizadas, dejando a los mexicanos sin herramientas para exigir cuentas?
En materia de seguridad y soberanía, el informe celebrará reducciones en delitos y una política exterior firme. Pero el documento católico documenta casos alarmantes que revelan una connivencia entre poder político y crimen organizado. La designación de Tania Gisela Contreras López como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, pese a denuncias de vínculos con grupos delictivos investigados por la Fiscalía General de la República, es un ejemplo flagrante. Cuando periodistas intentan exponer esta corrupción, enfrentan censura judicial y órdenes de silencio, ¿Cómo hablar de soberanía cuando el Poder Judicial ha sido cooptado, eliminando la división de poderes y dejando a los ciudadanos sin recourse legal?
La libertad de expresión, pilar de cualquier democracia, se encuentra en inminente riesgo. La «Ley Censura» en Puebla, impulsada por el gobernador morenista, criminaliza publicaciones en redes sociales por «ciberacoso» de manera vaga y arbitraria. Leyes desproporcionadas como la nueva de Telecomunicaciones, que crea una Agencia de Transformación Digital con poderes para censurar contenidos y cerrar medios, según alertas de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), pondrán en riesgo de inestabilidad y destrucción el derecho a opinar y disentir.
Casos como el de un periodista en Campeche, multado con dos millones de pesos y censurado por «dañar» la imagen de la gobernadora Layda Sansores —con respaldo público de Sheinbaum—, o la sanción a una ama de casa en Sonora por un tuit «insinuante» contra una diputada aliada de Morena, ilustran un patrón: las autoridades electorales y judiciales al servicio de políticos corruptos, silenciando voces disidentes. Esas mismas autoridades judiciales tomarán protesta este 1 de septiembre con la bendición de Sheinbaum.
El observatorio católico no se limita a diagnosticar; propone líneas de acción ciudadana para revertir esta deriva autoritaria. Exige la formación de un Gran Frente Nacional con partidos de oposición y organizaciones civiles para defender derechos ante instituciones capturadas; el envío masivo de mensajes en redes para impulsar un frente electoral en 2027 con observadores internacionales y control de actas, el respaldo firme a la libertad de prensa y la creación de grupos de estudio para concientizar sobre los riesgos de perder leyes e instituciones protectoras. Como reza el refrán citado en el informe: «Nadie sabe lo que tiene… hasta que lo ve perdido».
El Primer Informe de Sheinbaum puede ser un ejercicio de autopromoción, pero no engaña a quienes ven más allá de las cifras maquilladas. México no necesita más relatos de grandeza ficticia; requiere un retorno urgente al Estado de Derecho, donde los derechos humanos —como los enunciados en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia— se tutelen en conjunto, no se sacrifiquen en el altar del poder absoluto. En los hechos, los éxitos prefabricados están hilvanando una erosión democrática del “drama normalizado» que podría convertirse en una tragedia irreversible para la nación.
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