La Pontificia Universidad de la Santa Cruz y la Facultad de Derecho de Notre Dame (Estados Unidos) celebraron el jueves 12 de noviembre en Roma un taller internacional con motivo de los veinticinco años del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, con el que Juan Pablo II fijó en 2001 las normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según la universidad, el acto tuvo lugar a las 14:30 en el Aula Magna Juan Pablo II, con traducción simultánea entre italiano e inglés, y reunió a unas 200 personas.
El encuentro, organizado por las facultades de Comunicación y de Derecho Canónico de la Santa Cruz, se planteó como un balance de los progresos de la Iglesia en la protección de los menores y de los desafíos que siguen abiertos en materia de justicia, escucha de las víctimas, prevención y transparencia. Su objetivo declarado era unir el rigor jurídico con las exigencias actuales de transparencia y comunicación.
Los tres promotores de justicia, en el panel jurídico
La apertura corrió a cargo de Jordi Pujol, que subrayó que el aniversario no es una celebración, sino una ocasión para mirar con honestidad el camino recorrido. A continuación, el panel jurídico, moderado por monseñor John Paul Kimes, reunió a los tres promotores de justicia que ha tenido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde 2002: el arzobispo Charles J. Scicluna, monseñor Robert W. Oliver y el jesuita Robert J. Geisinger.
Scicluna insistió en que la verdad debe afrontarse con compasión, pero también con justicia, y recordó la frase «la verdad os hará libres».
La comunicación de crisis, con las víctimas en el centro
El programa incluyó también un segundo panel, dedicado a la comunicación, con expertos y periodistas internacionales. En él, Terrence Donilon, director de comunicación de la archidiócesis de Boston, sostuvo que la comunicación en tiempos de crisis fracasa si no se coloca a los supervivientes en el centro desde el principio.
Al término de la jornada, los organizadores concluyeron que la protección de los menores no es solo una respuesta a normas jurídicas ni una emergencia pasajera, sino un compromiso permanente y estructural que exige conversión del corazón, prevención y defensa de la dignidad humana en la Iglesia.
El motu proprio, promulgado el 30 de abril de 2001, incluyó entre los delicta graviora reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe el abuso sexual de un menor de 18 años cometido por un clérigo.