La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, una de las principales investigadoras de la persecución religiosa bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha denunciado una nueva intensificación del control estatal sobre la Iglesia católica en Nicaragua, marcada por vigilancia policial permanente, restricciones litúrgicas y limitaciones crecientes a la libertad de culto.
Según informa La Nuova Bussola Quotidiana, Molina asegura que agentes del régimen acuden diariamente a las iglesias para fotografiar y grabar a sacerdotes y fieles durante las misas y reuniones internas del clero.
“Los agentes van todos los días a las iglesias para fotografiar y registrar a los fieles durante la misa y las reuniones internas del clero”, afirmó la investigadora, actualmente exiliada.
Más de 1.000 episodios documentados de persecución
Molina es autora del informe Nicaragua, una Iglesia perseguida, considerado uno de los principales documentos internacionales sobre la represión religiosa en el país centroamericano.
La séptima edición del informe, publicada en 2025 y entregada también al Papa León XIV durante el Jubileo de los Migrantes, documenta 1.010 episodios de persecución entre abril de 2018 y julio de 2025.
El dossier recoge agresiones contra sacerdotes y obispos, restricciones a la vida religiosa, expulsiones, vigilancia policial y ataques contra templos y celebraciones católicas.
Según los datos recopilados por Molina, desde 2019 se han registrado además 28.904 restricciones relacionadas con procesiones, actos de devoción popular y celebraciones religiosas.
Miles de procesiones bloqueadas durante Semana Santa
La investigadora denunció recientemente que durante la última Semana Santa el régimen sandinista bloqueó 6.135 procesiones en todo el país.
En muchos casos, las celebraciones religiosas solo pueden desarrollarse dentro de las iglesias y bajo supervisión de las autoridades, mientras que las manifestaciones públicas de fe permanecen prohibidas o fuertemente limitadas.
“La organización de las fiestas patronales, de las procesiones y de las celebraciones litúrgicas ha pasado bajo el control de las instituciones públicas”, afirmó Molina.
Homilías supervisadas y sacerdotes vigilados
La Nuova Bussola Quotidiana asegura además que numerosos sacerdotes están obligados a presentar semanalmente a las autoridades sus programas pastorales y solicitar permisos específicos para cualquier actividad realizada fuera de la parroquia.
En algunas diócesis, los sacerdotes deben incluso entregar previamente el texto completo o un resumen de la homilía que pronunciarán durante la misa.
El control se extiende también a la vigilancia física y tecnológica. Sacerdotes y obispos son seguidos por agentes vestidos de civil, drones y controles frecuentes de teléfonos móviles.
Un sacerdote nicaragüense citado de forma anónima por ACI Prensa explicó que la policía acude cada domingo a fotografiarlo y verificar sus movimientos.
“Si durante una homilía aborda un tema social, se arriesga a dos cosas: la cárcel o el exilio”, afirmó el sacerdote.
Rosario Murillo y el endurecimiento del control religioso
Molina sostiene que el sistema de vigilancia se apoya en la policía, en estructuras políticas vinculadas al sandinismo y en decenas de miles de paramilitares incorporados al aparato de control social durante 2025.
La investigadora describe la situación actual como un “asedio silencioso”: menos detenciones espectaculares que en años anteriores, pero una presión constante destinada a intimidar tanto al clero como a los fieles.
Entre las nuevas restricciones denunciadas figura incluso la criminalización de determinados actos religiosos, como rezar públicamente o transportar rosarios y objetos devocionales a través de las fronteras del país.
Según Molina, el régimen considera sospechosa cualquier manifestación pública de religiosidad que no esté alineada con el control político ejercido por el “orteguismo”.