Bolivia fue durante décadas el destino al que se enviaban sacerdotes jesuitas acusados de abusos sexuales en Cataluña, en lo que las víctimas describen como un sistema organizado para ocultar delitos y evitar la acción de la justicia. Así lo sostiene la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que ha reclamado al Parlament de Catalunya y al Síndic de Greuges la apertura de una investigación institucional.
El informe, presentado recientemente por la asociación de víctimas, sitúa en la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús el origen de lo que consideran el mayor caso de pederastia en América Latina, con una veintena de agresores identificados y cerca de mil víctimas en Bolivia.
Un sistema de traslados para eludir la justicia
Según explicó el jurista Alejandro Klock, representante de las víctimas, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, los abusos “nacen” en Cataluña, que actuaba como provincia “madre” de la misión boliviana desde mediados del siglo XX.
El patrón denunciado es reiterado: cuando un sacerdote era acusado o descubierto abusando de menores en colegios catalanes, sus superiores optaban por trasladarlo a Bolivia en lugar de denunciarlo.
Allí, lejos del foco judicial europeo, estos religiosos continuaban su actividad en entornos especialmente vulnerables. Menores en situación de desprotección quedaron expuestos —según las víctimas— a nuevos abusos durante años.
“El gran agraviado es Bolivia; han creado un sistema delictivo que se ha perpetuado durante décadas”, afirmó Klock, en declaraciones difundidas por Swissinfo.
Las víctimas han sintetizado esta práctica con una expresión tan dura como reveladora: Bolivia fue convertida en un “vertedero de pederastas”.
De los diarios de Pedrajas a una trama más amplia
El caso adquirió dimensión internacional tras la investigación publicada por El País en 2023 sobre el diario del jesuita Alfonso Pedrajas, en el que confesaba abusos contra al menos 85 menores durante años mientras sus superiores lo protegían.
A partir de ese momento, nuevas informaciones y documentos internos comenzaron a salir a la luz, revelando que no se trataba de un caso aislado. La Fiscalía boliviana abrió entonces una investigación sin precedentes que derivó en el procesamiento de responsables de la orden por encubrimiento.
El informe de la CBS, elaborado tras años de recopilación de pruebas, incluye cartas internas, resoluciones canónicas y documentación que evidenciaría que la Compañía conocía los abusos desde hace décadas y recibió directrices desde España y Roma para gestionarlos sin acudir a la justicia.
Nombres, pruebas y encubrimientos prolongados
Entre los casos documentados figuran sacerdotes trasladados desde Cataluña tras denuncias previas, como Francesc Peris o Lluís Tó, además de otros implicados directamente en Bolivia.
Especialmente grave es el caso de Lucho Roma, quien abusó de más de 70 niñas indígenas entre 1994 y 2005. Según reveló la investigación de El País, la orden llegó a investigar internamente los hechos y a incautar diarios y material gráfico, pero optó por no trasladarlos a la justicia durante años.
Las víctimas denuncian que estos encubrimientos no pertenecen solo al pasado, sino que se han prolongado hasta fechas recientes, sin que los responsables hayan respondido penalmente.
Responsabilidad internacional y presión institucional
El informe sostiene que la Provincia Tarraconense ejercía un control total —administrativo, jerárquico y financiero— sobre la misión en Bolivia, lo que refuerza la tesis de una responsabilidad estructural en los hechos.
Además, las víctimas denuncian la falta de colaboración de autoridades eclesiásticas y la ausencia de reparación efectiva, pese al reconocimiento interno de muchos de los casos.
En este contexto, han solicitado al Parlament de Catalunya la creación de una comisión de investigación y al Síndic de Greuges que esclarezca cómo fue posible este sistema durante décadas.
“Cataluña debe saber que lo que aquí se investiga no son casos aislados, sino el origen del mayor caso de pederastia institucional de América Latina”, afirmó Klock, según recogió El País.
Mientras en Bolivia ya se han dictado condenas por encubrimiento contra antiguos responsables jesuitas, en España la responsabilidad institucional sigue, por ahora, sin depurarse.