La polémica en torno al sacerdote Borja Escrivá, conocido en redes como SacerdosMariae, vuelve a plantear interrogantes sobre la actuación de la Archidiócesis de Valencia ante situaciones que, aun sin derivar en condena penal firme, generan un evidente escándalo público y afectan a la confianza de los fieles. Como explicó InfoVaticana, el sacerdote fue investigado en la conocida “Operación Telémaco”, una investigación de la Guardia Civil sobre redes de intercambio de material pedófilo en internet. Aunque finalmente fue absuelto por la Audiencia Provincial, a través del propio afectado hemos sabido que el entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, no abrió expediente canónico ni realizó investigación eclesiástica adicional alguna sobre los hechos que evidenciaron que Borja Escrivá almacenó imágenes de menores desnudos en su ordenador. Solo la reacción de los padres evitó que fuera designado para coordinar actividades con menores en la Colegiata de Gandía.
El proceso judicial tuvo un recorrido complejo. En primera instancia el juzgado de lo Penal número 15 de Valencia, con sede en Alzira, lo condenó por tenencia de pornografía infantil. Sin embargo, el sacerdote recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial terminó anulando la condena y absolviéndolo en una resolución que posteriormente adquirió firmeza.
La absolución se apoyó en la interpretación del tipo penal de la pornografía infantil. El tribunal consideró que las imágenes encontradas en el procedimiento no alcanzaban el grado de explicitud sexual exigido por la jurisprudencia para ser calificadas penalmente como pornografía infantil. En la propia sentencia se afirma literalmente:
“En el supuesto que nos ocupa, creemos que resulta forzado sostener que las imágenes a que hace referencia la sentencia en los hechos probados, puedan integrarse en el ámbito de la pornografía infantil, atendiendo al contenido literal del precepto y a la interpretación jurisprudencial mencionada; así la primer fotografía de una menor entre seis y doce años se muestra desnuda del dorso hacia arriba en actitud sonriente, sin ninguna postura sexual; la segunda de las imágenes muestran a dos menores de edad superior a doce años en la ducha con los cuerpos desnudos sin realizarse ningún tocamiento, la tercera de las fotografías, muestra a una menor de edad superior a doce años, exhibiendo únicamente los pechos; la tercera fotografía, muestra a una menor entre seis y doce años, con el cuerpo desnudo al igual que la cuarta fotografía, sin que se focalice de forma explícita sus órganos genitales, y sin posturas de claro contenido sexual”.
La Audiencia concluyó que esas imágenes no podían considerarse pornografía infantil en el sentido penal estricto y por ello anuló la condena. Sin embargo, el propio procedimiento dejó constatados otros elementos que provocaron un fuerte escándalo público. Entre ellos figuraban descargas con títulos de contenido aberrante y la presencia en el dispositivo investigado de varias fotografías de menores de 6 a 12 años desnudas descritas por la propia sentencia.
Aunque estos hechos no alcanzaran relevancia penal suficiente para sostener una condena, sí forman parte de los hechos probados del procedimiento. Y precisamente por ello muchos fieles consideran que la cuestión no se limita al ámbito penal, sino también al ámbito eclesial y pastoral, especialmente cuando se trata de asignar responsabilidades que implican contacto con menores.
Pese a ese contexto, la Archidiócesis de Valencia no abrió expediente canónico ni investigación disciplinaria interna tras la absolución en los juzgados. De hecho, según se desprende del burofax de rectificación recibido por este medio por parte de Borja Escrivá, nunca se inició proceso canónico alguno sobre el caso. Con el tiempo, el sacerdote fue reincorporado al ministerio y destinado como adscrito a la Colegiata de Gandía.
La controversia estalló cuando se anunció que colaboraría coordinando el movimiento junior de la parroquia, una estructura que trabaja directamente con niños y adolescentes. Al conocer los antecedentes del caso, varios padres expresaron su inquietud y algunos llegaron a retirar a sus hijos de las actividades.
La reacción de las familias obligó finalmente a rectificar. En una reunión celebrada con los padres, el abad de la Colegiata comunicó que el sacerdote no asumiría la coordinación de los juniors ni tendría responsabilidades directas con menores en ese ámbito.
El episodio centra el debate sobre la prudencia pastoral en la asignación de destinos sacerdotales. Aunque el proceso penal terminó con una absolución, las descargas investigadas y las imágenes descritas en la propia sentencia forman parte de los hechos acreditados en el procedimiento. Para muchos fieles, precisamente por esa razón, la cuestión relevante no era ya penal sino eclesial: si resulta prudente confiar responsabilidades con menores a un sacerdote cuyo caso judicial incluyó ese tipo de material.
Hemos sabido además, a través del burofax de rectificación remitido a este medio, que en ningún momento se abrió proceso canónico alguno sobre el sacerdote. Este dato resulta especialmente relevante porque, pese a las preguntas formuladas durante meses por este medio, la Archidiócesis de Valencia no ha ofrecido explicaciones públicas sobre la gestión del caso.
El asunto adquiere además una dimensión singular porque Borja Escrivá se ha convertido en uno de los sacerdotes españoles con mayor presencia en redes sociales. Bajo el nombre SacerdosMariae supera actualmente los 30.000 seguidores, lo que lo ha convertido en una figura mediática dentro del ámbito católico digital.