El Tribunal de Casación de Rabat (Marruecos) ha dictado una resolución definitiva que rechaza el último recurso de la sociedad Alhambra SARL y confirma la nulidad del contrato suscrito con la Archidiócesis de Tánger para la construcción y explotación de la llamada Escuela Alhambra en terrenos pertenecientes a la Iglesia Católica. Fechado el 17 de febrero, esta decisión cierra, en la vía civil, una disputa jurídica prolongada y de alto perfil público.
Un conflicto que escaló desde 2022
El llamado “caso Alhambra” se originó en junio de 2022, cuando la Archidiócesis y la sociedad promotora, integrada por la familia empresarial González Ceballos, firmaron un compromiso para arrendar terrenos colindantes a la Catedral de Tánger con la finalidad de levantar una escuela privada que —según la empresa— iba a reunir educación en español, francés, árabe e inglés. Tras meses de tramitación burocrática, autorizaciones y construcción, la apertura quedó bloqueada por discrepancias jurídicas profundas entre las partes.
Acusaciones graves y defensa eclesial
En agosto de 2024 la empresa denunció penalmente al arzobispo Emilio Rocha Grande por presunta “estafa, fraude y extorsión”, afirmando que, pese a haber invertido recursos y haber obtenido autorizaciones, la archidiócesis se negó a permitir la apertura de la escuela y exigió condiciones que la promotora consideró abusivas.
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Al día siguiente, el propio arzobispado emitió un comunicado rechazando categóricamente tales imputaciones, calificándolas de deplorables e infundadas, y anunciando que había interpuesto ante la justicia marroquí una demanda para que se declarara la nulidad del contrato por graves vicios de forma y fondo.
Sentencias encontradas y apelaciones
En 2025 un tribunal civil de instancia dictó una sentencia que obligaba al arzobispado a formalizar el contrato e imponer una indemnización por daños y perjuicios, lo que generó preocupación dentro de la comunidad católica al dejar a la Archidiócesis expuesta a una carga económica significativa.
La Archidiócesis apeló de inmediato, sosteniendo que el contrato estaba viciado desde su origen por irregularidades en la representación y falta de conformidad con los requisitos legales aplicables a los bienes eclesiásticos. En junio de 2025 el tribunal de apelación de Tánger anuló el contrato, validando la tesis de que carecía de base jurídica sólida.
Victoria definitiva y lectura jurídica
Ahora con la sentencia del Tribunal de Casación, la posición de la Archidiócesis queda ratificada de forma definitiva. El tribunal superior ha reconocido la pertinencia de la acción judicial emprendida por la Iglesia para salvaguardar la legalidad en la gestión de sus bienes y ha desestimado los argumentos de la empresa, cerrando así la vía civil del litigio.
Esta resolución no solo invalida el contrato objeto de controversia, sino que reafirma la facultad de la Archidiócesis de Tánger de proteger sus derechos patrimoniales frente a acuerdos jurídicamente defectuosos. La defensa de la integridad de los bienes eclesiásticos constituye una obligación que no puede desatenderse cuando existen dudas fundadas sobre la validez de los actos celebrados.
Consecuencias concretas
El centro escolar Escuela Alhambra nunca llegó a abrir sus puertas y permanece cerrado desde antes del inicio del curso 2024-2025, frustrando las expectativas de familias que habían inscrito a más de 250 alumnos y generando un impacto social y económico considerable en Tánger.