El nombramiento de Sarah Mullally como futura arzobispo de Canterbury —que deberá formalizarse a finales de enero— se hunde antes incluso de llegar a puerto. Y no por un simple error de comunicación ni por una polémica menor, sino porque vuelve a quedar al descubierto la profunda descomposición moral e institucional de la iglesia anglicana de Inglaterra.
Conviene recordar el contexto: Mullally fue presentada como la gran respuesta “renovadora” a los escándalos sexuales que sacudieron al anglicanismo británico, muchos de ellos protagonizados o tolerados por clérigos varones. Su elección como primera mujer en ocupar la sede de Canterbury fue vendida como símbolo de ruptura con el pasado y como garantía de una nueva cultura de transparencia. Hoy, ese relato se desmorona.
De solución simbólica a nuevo problema
La futura primada de la Iglesia de Inglaterra debe dar explicaciones por la forma en que gestionó una denuncia de abusos cuando era obispo de Londres, cargo que ocupa desde 2018. El caso afecta a una víctima —identificada públicamente solo como “el superviviente”— que presentó una queja formal en 2020 y que, según se ha reconocido ahora, no recibió la atención ni el acompañamiento debidos por parte de la institución eclesial.
El núcleo del problema no es solo administrativo. La acusación apunta a una posible vulneración del código disciplinar del clero anglicano, al haberse producido un contacto directo y reservado entre Mullally y el sacerdote denunciado, fuera de los cauces formales previstos para este tipo de casos. Un proceder que, de confirmarse, desautoriza por completo el discurso oficial sobre buenas prácticas y tolerancia cero.
Que la propia Mullally haya terminado admitiendo que el denunciante quedó desatendido por los mecanismos de la Iglesia no resuelve nada: lo agrava. Porque confirma que el sistema que ella venía a reformar no solo sigue fallando, sino que lo hace bajo su misma responsabilidad.
Una Iglesia marcada por los encubrimientos
Este nuevo episodio resulta especialmente embarazoso para una institución que aún está procesando el caso que en 2024 forzó la dimisión del anterior arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Aquel escándalo destapó años de silencios y protecciones en torno a John Smyth, abogado vinculado a la Iglesia anglicana y organizador de campamentos juveniles en África, que terminó siendo desenmascarado como depredador sexual de más de un centenar de jóvenes.
En ese contexto, el caso Mullally no aparece como una anomalía, sino como una continuidad. Cambian los rostros, cambian los eslóganes, pero los fallos estructurales permanecen.
Una crisis que no se detiene
Que todo esto ocurra antes incluso de que el nombramiento se haga efectivo es revelador. El liderazgo anglicano no solo está cuestionado: está agotado. La Comunión Anglicana continúa fragmentándose, vaciándose de fieles y perdiendo autoridad moral, mientras insiste en fórmulas que ya han demostrado su fracaso.
La crisis anglicana no se cierra. Se extiende. Y el caso de Mullally es, hoy, una de sus manifestaciones más claras.