Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra Yassine Kanjaa, el marroquí acusado de asesinar al sacristán Diego Valencia en la iglesia de La Palma de Algeciras y de herir gravemente al sacerdote Antonio Rodríguez —fallecido tiempo después— durante el ataque perpetrado en enero de 2023. La Fiscalía pide para él 50 años de prisión, al considerar que actuó con la intención de aterrorizar a los cristianos y que el crimen debe ser juzgado como un atentado terrorista.
El ataque de enero de 2023
El 25 de enero de 2023, Kanjaa irrumpió en la parroquia armado con un machete de grandes dimensiones. Tras atacar al párroco de San Isidro, salió hacia la iglesia de La Palma, donde persiguió y asesinó al sacristán Diego Valencia en plena vía pública. Durante la agresión, según testigos, gritó frases religiosas de carácter islamista. La brutalidad del ataque conmocionó a la ciudad y despertó alarma en toda España, al tratarse de un acto dirigido contra símbolos de la fe cristiana.
Perfil del acusado: irregularidad y radicalización
Las investigaciones revelaron que Kanjaa vivía en situación irregular, tenía abierto un expediente de expulsión y residía en un piso ocupado en el centro de Algeciras. En pocos meses, según vecinos y conocidos, pasó de consumir drogas a adoptar una actitud extremista marcada por un proceso de radicalización exprés. Estos elementos, junto con la elección del lugar y las víctimas, llevaron al juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea a calificar los hechos como terrorismo.
Competencia judicial y calificación como terrorismo
La defensa intentó que el caso se juzgara en los tribunales ordinarios de Algeciras, alegando alteraciones psíquicas, pero el Tribunal Supremo ratificó la competencia de la Audiencia Nacional al considerar que había indicios de motivación ideológica y voluntad de sembrar el terror entre los cristianos. El juez instructor cerró el sumario confirmando esa calificación, lo que ha permitido abrir ahora el juicio oral bajo el delito de terrorismo.
Un crimen contra la comunidad católica
Para la Fiscalía, la agresión no fue un acto aislado de violencia, sino una acción deliberada contra la comunidad cristiana. El asesinato del sacristán y las heridas al sacerdote, argumenta, buscaban “causar terror en quienes profesan la religión cristiana”. Por eso reclama la máxima dureza penal, que en este caso se traduce en 50 años de cárcel.
Lo ocurrido en Algeciras sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo el radicalismo y la falta de control migratorio pueden desembocar en ataques mortales contra quienes sirven humildemente en el corazón de la Iglesia.