En la Cuaresma de 2022, el cardenal George Pell hizo circular entre sus hermanos en el colegio cardenalicio un memorando firmado con el pseudónimo Demos.
Más allá de su brutal claridad doctrinal y pastoral, ese documento contenía un análisis riguroso —y escalofriante— sobre la gestión financiera del Vaticano. Pell sabía de lo que hablaba: fue el primer prefecto de la Secretaría para la Economía, impulsada por el papa Francisco en 2014 como uno de los pilares de su programa de reformas. Y también fue uno de los que, por acercarse demasiado a la corrupción vaticana, terminó pagando un alto precio personal.
En ese texto, que hoy se recita en voz baja en pasillos y recepciones a la espera del próximo cónclave, Pell advertía que “la situación financiera del Vaticano es grave. Al menos en los últimos diez años ha habido casi siempre déficits financieros. Antes del COVID estos déficits eran de unos 20 millones de euros al año. En los últimos tres años han sido unos 30-35 millones de euros al año”. No era un juicio personal o una hipérbole política. Era un diagnóstico técnico, sustentado por su paso por las entrañas financieras de la Curia romana.
Una riqueza inmobiliaria mal gestionada
Uno de los aspectos más chocantes del informe de Pell era la revelación del escaso rendimiento que el Vaticano obtenía de su vasto patrimonio inmobiliario, cuya gestión se había mantenido durante décadas al margen de cualquier estándar moderno de control, transparencia o rentabilidad. “El rendimiento de las 5.261 propiedades del Vaticano sigue siendo escandalosamente bajo. En 2019 el rendimiento promedio (antes del COVID) fue de casi 4.500 dólares al año. En 2020 fue de 2.900 euros por vivienda”, denunciaba.
Para ponerlo en perspectiva: en los mercados inmobiliarios europeos, un piso de tamaño medio en Roma o Milán puede generar entre 12.000 y 20.000 euros anuales en alquiler. La diferencia, a escala del portafolio vaticano, supone una pérdida potencial de decenas de millones de euros cada año. Esta ineficiencia estructural revela no solo una mala gestión técnica, sino una cultura institucional anquilosada y, en el peor de los casos, cómplice.
Corrupción sistémica y falta de controles
Pell fue también tajante sobre el historial de escándalos que arrastra la Santa Sede. “Se calcula que el Vaticano ha perdido 217 millones de euros en el edificio de Sloane Avenue, en Londres. En los años 80, el Vaticano se vio obligado a desembolsar 230 millones de dólares después del escándalo del Banco Ambrosiano. A causa de la ineficiencia y de la corrupción, el Vaticano ha perdido al menos otros 100 millones de euros en los últimos 25-30 años, y probablemente varios más, quizá 150-200 millones”, explicaba.
Estas cifras no son solo vergonzosas. Son insostenibles. En cualquier organización secular, una concatenación de pérdidas de esta magnitud habría provocado intervenciones drásticas, ceses y auditorías externas. En el Vaticano, sin embargo, todo fue cubierto por un manto de silencio… hasta que Pell empezó a hablar.
Una reforma frustrada desde dentro
Uno de los aspectos más inquietantes del análisis de Pell fue su descripción del saboteo sistemático que sufrió la Secretaría para la Economía, incluso desde las más altas instancias. “Inicialmente, el Santo Padre apoyó firmemente las reformas. Después impidió la centralización de las inversiones, se opuso a las reformas y a la mayoría de los intentos de desenmascarar la corrupción y apoyó al (entonces) arzobispo Becciu, en el centro del establishment financiero del Vaticano. Luego, en 2020, el Papa se volvió contra Becciu”, relataba con franqueza.
El patrón descrito es claro: cuando los reformistas se acercaban demasiado a intereses enquistados —como ocurrió con los auditores Price Waterhouse Coopers o con Libero Milone, auditor general forzado a dimitir por acusaciones que luego parecieron infundadas—, eran apartados del tablero.
El déficit estructural y la amenaza de quiebra
Pell advirtió, sin ambages, que “el Vaticano no tiene deudas importantes, pero los continuos déficits anuales finalmente lo llevarán a la quiebra”. El fondo de pensiones, evaluado por el comité COSEA en 2014, podría enfrentar un agujero de 800 millones de euros para 2030, incluso antes del impacto del COVID. Y con unos ingresos menguantes, una base donativa cada vez más escéptica, y un patrimonio improductivo, las señales de alarma no pueden ser más claras.
No se trata únicamente de un problema contable. El propio Pell conectó esta debilidad estructural con una pérdida de influencia geopolítica del Vaticano. Lo expresó así: “El prestigio político del Vaticano está ahora en un nivel bajo”, y la causa no era sólo doctrinal o diplomática: “El Vaticano tendrá que demostrar competencia e integridad para atraer donaciones consistentes que ayuden a resolver este problema”.
Lecciones para el próximo cónclave
En este contexto, el memorando de Pell emerge como un documento clave para el discernimiento del próximo Papa. No porque el futuro Pontífice deba ser un tecnócrata, sino porque, sin una gestión financiera seria, ni siquiera las mejores intenciones pastorales pueden sostenerse en el tiempo. Pell lo sabía, y lo escribió con claridad: “Obviamente, se debe trabajar mucho en las reformas financieras del Vaticano, pero éste no debería ser el criterio más importante a la hora de elegir al próximo Papa”. Aun así, agregó con lucidez: “Es obvio que se tomarán medidas para remediarlo, para separar al Vaticano de los cómplices criminales y equilibrar los ingresos y los gastos”.
En otras palabras: la renovación espiritual y doctrinal que muchos cardenales esperan tras este pontificado no será posible sin una base financiera sólida, honesta y profesional. Si Roma no logra administrar sus bienes temporales con prudencia, no podrá ser la roca sobre la que Cristo quiso edificar su Iglesia.
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por eswo los bergoglianos y los progres se lanzaron contra Pell, utilizando la justicia Australiana. Un asco de francmasonería, que quieren destruir la Iglesia
Nada raro para un peronista dejar vacias las arcas de un estado.