Un cambio en las reglas de juego del que se van a arrepentir

Es curioso observar cómo las normas, esas que se nos presentan como inmutables, se aplican con rigor o se reinterpretan según convenga.

Durante años se nos ha repetido que el poder civil no tiene ningún derecho a opinar sobre los nombramientos de obispos. Que eso pertenece al ámbito sagrado, al fuero interno de la Iglesia, y que cualquier injerencia es cosa del pasado. Cosa de regímenes que ya no existen.

Cuando el poder civil es de izquierdas, parece que opinar sí vale. Presionar también. Castigar a unos y premiar a otros, incluso sin disimulo. El Vaticano, tan celoso antaño de su independencia, no dudó en cesar al prior del Valle de los Caídos, cediendo sin resistencia a la voluntad de un gobierno abiertamente hostil a la fe. ¿Dónde quedó la tan defendida autonomía de la Iglesia? Hemos tenido que sufrir la rabia de ver a Bolaños celebrar la victoria que ha obtenido con la connivencia del melifluo Cobo.

Peor aún es el caso de China. El Vaticano no solo calla ante la dictadura comunista —que persigue cristianos, arrasa templos y vigila misas— sino que, por su propia voluntad, le ha regalado la prerrogativa de nombrar y revocar obispos. Un privilegio escandaloso, otorgado a un régimen enemigo de Dios y de la libertad. ¿Qué lógica justifica semejante cesión? ¿Qué respeto inspira una Santa Sede que claudica ante los enemigos de Cristo?

Y al otro lado del Atlántico, se nombra a un obispo hereje en Washington con claros gestos de hostilidad hacia un presidente como Trump, firme defensor de la vida, la libertad religiosa y la familia. Una señal clara de que, cuando conviene, desde Roma se hace política. Y política de parte.

Las reglas, nos dijeron, eran sagradas. Que la Iglesia no podía ceder ante gobiernos. Que los nombramientos eran asunto exclusivo del Papa. Pero cuando gobierna la izquierda, la doctrina se dobla, se adapta, se vuelve negociable. Pues bien, si ese es el nuevo estándar, es lógico que otros lo asuman.

Muchos intuyen que, llegado el momento, partidos como Vox —que ha mostrado sin complejos su defensa de la fe y su rechazo a la agenda 2030— no se olvidarán de estos precedentes. Tomarán nota, y exigirán, con razón, que el Vaticano sea coherente. Que si el gobierno español tiene derecho a influir en los obispos, también lo tendrá un gobierno que defienda la fe. Y si obispos alineados con la ideología de género o el globalismo no son del agrado de un futuro gobierno con otros valores, se exigirá su remoción. Lo que ha valido para unos, valdrá para otros.

Y será lógica coherencia. Si a un gobierno de izquierdas se le permite condicionar la Iglesia, a uno de derechas también. Si se pudo cesar al prior por razones políticas, también se podrá echar a Cobo y enviarle de párroco vitalicio a Villamanta.

Las reglas han cambiado. Y quienes hoy las han manipulado, quizá lamenten mañana el haberlas roto. Porque todo acto tiene consecuencias.