El caso Gaztelueta se ha convertido en el paradigma de la inseguridad jurídica dentro de la Iglesia. El obispo José Antonio Satué ha decretado la expulsión del Opus Dei de José María Martínez Sanz, exprofesor del colegio Gaztelueta, siguiendo un proceso que ha dejado más dudas que certezas y que, desde luego, ha hecho saltar por los aires cualquier atisbo de respeto al derecho canónico.
Recordemos que Martínez Sanz fue condenado en 2018 a 11 años de prisión por abusos sexuales, pena que el Tribunal Supremo redujo a 2 años en 2020. Sin embargo, en 2022, el Papa Francisco, inducido por Jordi Évole en una entrevista más que manipulada en las formas, decidió reabrir el caso por la vía canónica, desautorizando al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y estableciendo un precedente preocupante. No hay norma clara que se respete ni derecho que no pueda ser pisoteado en función de la conveniencia del momento.
Esta injerencia ha dejado patente la absoluta inconsistencia jurídica en la que está sumida la Iglesia. Para unas cosas, el Vaticano asimila al Opus Dei con una simple asociación de fieles, pero, para otras, le da un estatus de prelatura sin prelado, con un mero «moderador» al frente. Se toman decisiones sin ningún criterio estable, sin más lógica que la de contentar a ciertos sectores y consolidar un modelo eclesial cada vez más politizado. Hasta ahora, el código de derecho canónico no estaba para castigar a laicos miembros de una asociación clerical…
En este caos jurídico, alguien tendrá que dar cuentas. La justicia humana debe ser reflejo de la justicia divina, pero aquí parece que se usan otros parámetros, jaleados por Jordi Évole y unos socialistas patanegra que han convertido el caso en una cuestión económica, política y mediática. No se trata de revictimizar ni de negar el sufrimiento de la supuesta víctima, pero lo cierto es que el proceso se ha basado en una acusación sin pruebas concluyentes, en la que la palabra de la víctima prevaleció sobre la del acusado a pesar de que había informes psicológicos que indicaban alucinaciones y ensoñaciones en su testimonio. Máximo respeto para estos trastornos, pero también máximo respeto para las garantías procesales que deberían sustentar cualquier juicio, más aún en el ámbito de la Iglesia.
Y en la Obra, silencio absoluto. José María Martínez Sanz ha estado mal asesorado desde el principio. Se ha rodeado de una panda de maricomplejines que han optado por un exceso de prudencia ante pastores que, más que pastores, han resultado ser lobos. Y el final ha llegado, como era previsible. El lobo ha matado a las ovejas. Pero no para comérselas, sino para dejar claro quién manda aquí.
Como cuestión menor, me surge otra pregunta incómoda: ¿quién, dentro de la Iglesia, tiene interés en filtrar estas informaciones a medios heréticos y ultraprogresistas antes de que lleguen al común de los mortales? ¿Es casualidad que ciertos periodistas tengan siempre acceso privilegiado a los entresijos de algunos obispos? ¿Algún purpurado debe favores a algún medio o periodista en particular? Mientras se reparten exclusivas a la prensa afín, la verdad queda enterrada bajo el ruido mediático y la manipulación interesada. Al final, lo que se impone no es la justicia, sino los intereses de quienes manejan los hilos desde las sombras.