La actuación del Vaticano en el caso Gaztelueta ha puesto en entredicho no solo su credibilidad en materia de justicia, sino también su respeto por los principios fundamentales del derecho internacional y canónico.
Desde la creación de un tribunal ad hoc hasta la violación del principio de irretroactividad, pasando por una segunda condena a un acusado ya juzgado, la Santa Sede ha incurrido en una serie de irregularidades que hacen tambalear la legitimidad de su decisión.
El caso fue inicialmente cerrado por el Vaticano bajo la supervisión de los cardenales Gerhard Müller y después de Luis Ladaria, quienes consideraron que no existían pruebas suficientes para sostener una condena. Sin embargo, en una decisión sin precedentes, el propio Papa Francisco ordenó la reapertura del proceso en un programa de televisión con el periodista Jordi Évole, creando un tribunal especial exclusivamente para este caso y promulgando una ley específica para poder juzgarlo. Esta decisión no solo pone en duda la imparcialidad de la Santa Sede, sino que también evidencia una instrumentalización de la justicia con fines mediáticos y políticos.
El Vaticano pisoteando derechos fundamentales
El derecho penal establece que nadie puede ser juzgado por normas que no estaban en vigor en el momento de los hechos. Sin embargo, el Vaticano ha ignorado este principio al aplicar retroactivamente una ley creada ex profeso para este proceso. Esta flagrante vulneración de un principio fundamental del derecho internacional demuestra una falta de garantías procesales y abre la puerta a condenas arbitrarias sin seguridad jurídica equiparando al Vaticano a niveles de repúblicas bananeras tercermundistas.
El acusado en el caso Gaztelueta ya había sido juzgado y condenado por la justicia española (porque el juez Marchena no podía revaluar la causa de la prueba por la que fue condenado), que revisó el caso y redujo la pena inicial de 11 años a 2 años de prisión. El principio de non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos) debería haber protegido al acusado de una nueva persecución. No obstante, el Vaticano ha ignorado esta garantía básica y ha sometido al acusado a un nuevo proceso, en clara contradicción con las normas del derecho internacional.
Uno de los episodios más preocupantes en este proceso ha sido la actuación del obispo de Teruel, José Antonio Satué. En una carta dirigida al acusado, el obispo le instó a reconocer los hechos, violando flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia. En un Estado de derecho, la carga de la prueba recae en la acusación, y nadie está obligado a autoinculparse. La actitud del prelado refleja una parcialidad inaceptable y una presión indebida que debilita aún más la credibilidad del proceso.
Un juicio en un contexto de persecución al Opus Dei
Es imposible entender la reapertura del caso Gaztelueta sin considerar el contexto más amplio: el Vaticano está llevando a cabo una serie de medidas que afectan directamente al Opus Dei a nivel internacional.
Desde la intervención en Torreciudad hasta la reforma de los Estatutos de la Obra, pasando por la aparición de obras críticas como el libro de Gareth Gore o el documental ‘minuto heroico’, todo apunta a una campaña de debilitamiento de la prelatura. En este sentido, la sentencia contra el acusado de Gaztelueta podría interpretarse como un eslabón más en esta estrategia de presión contra el Opus Dei.
Un detalle significativo de este proceso es que el Vaticano ha juzgado al acusado aplicando los Estatutos del Opus Dei. Esto supone, de facto, un reconocimiento de que los laicos forman parte de la prelatura, en abierta contradicción con la narrativa oficial que ha tratado de desligar a los numerarios y supernumerarios de la estructura eclesial de la Obra. Esta contradicción refuerza la idea de que el proceso contra el acusado de Gaztelueta responde más a una agenda política que a una auténtica búsqueda de justicia.
Un proceso viciado y carente de legitimidad que marca un peligroso camino dentro de la Iglesia
El caso Gaztelueta ha expuesto las graves deficiencias del sistema judicial vaticano y su falta de respeto por los derechos fundamentales. La creación de un tribunal a medida, la aplicación retroactiva de una ley, la vulneración del principio de non bis in idem y la falta de imparcialidad en el proceso han convertido este juicio en una chapuza jurídica que difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista del derecho internacional y canónico.
Si el Vaticano pretende mantener su autoridad moral, debería empezar por respetar los principios básicos de la justicia en lugar de instrumentalizarla con fines políticos. De lo contrario, su credibilidad seguirá en caída libre.
Bien sabe Satué que sus trabajos serán recompensados (si da tiempo) bajo este pontificado… ¿quizá con el cardenalato en Barcelona?
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