La justicia inglesa avala la sentencia del Vaticano y concluye que Mincione no actuó de buena fe en el caso de la venta del palacete de Londres

Palacio Londres
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El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha emitido su fallo sobre la demanda presentada en 2020 por el financiero italiano Raffaele Mincione contra la Secretaría de Estado del Vaticano. La sentencia respalda las conclusiones del Tribunal del Vaticano y rechaza las declaraciones de buena fe solicitadas por Mincione y sus empresas.

El juez Robin Knowles determinó que los demandantes no cumplieron con los estándares de comunicación que se considerarían de buena fe en sus tratos con la Secretaría de Estado. En su resolución, también señaló que Mincione proporcionó información engañosa sobre el valor del edificio ubicado en el número 60 de Sloane Avenue, Londres.

Mincione y sus empresas habían solicitado a la justicia británica una serie de declaraciones que afirmaran que actuaron de manera correcta y transparente en los contratos firmados entre noviembre y diciembre de 2018, cuando la Secretaría de Estado intentó adquirir el inmueble. Sin embargo, en su fallo de 50 páginas, el Tribunal negó dicha solicitud y subrayó que la Secretaría de Estado tenía motivos para sentirse decepcionada por la conducta de los demandantes, quienes priorizaron sus propios intereses sin proteger los de la Santa Sede.

El fallo también mencionó a Gianluigi Torzi, otro implicado en la operación inmobiliaria, señalando que su conducta fue «inescrupulosa y deshonesta», evidenciando la falta de experiencia del Vaticano para manejar este tipo de transacciones.

A pesar de la decisión en su contra, Mincione obtuvo algunas declaraciones relacionadas con las disposiciones contractuales, cuya redacción final se definirá en una audiencia posterior.

La Secretaría de Estado optó por no presentar una contrademanda en este proceso, centrándose en el juicio penal en el Vaticano, que resultó en la condena de Mincione a cinco años y seis meses de prisión, además de la confiscación de 200,5 millones de dólares. Aunque la sentencia penal está en proceso de apelación, el fallo del tribunal británico refuerza los hallazgos clave del Tribunal del Vaticano en primera instancia.

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