La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra la administración Trump tras la suspensión abrupta de la financiación destinada al reasentamiento de refugiados.
Según los obispos, esta medida no solo es ilegal, sino que también afecta gravemente a los refugiados recién llegados y pone en riesgo el programa de reasentamiento privado más grande del país.
La USCCB sostiene que el gobierno está reteniendo millones de dólares, incluidos fondos que debían reembolsar costos ya incurridos antes del recorte. Argumentan que esta acción viola varias leyes, así como la disposición constitucional que otorga al Congreso el control sobre el presupuesto, el cual ya había aprobado estos fondos.
Como consecuencia de esta suspensión, los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia han despedido a 50 trabajadores, más de la mitad de su personal, y se esperan más recortes en las oficinas locales de Caridades Católicas. La conferencia afirma que la falta de fondos hace que la continuidad del programa sea «financieramente insostenible» y busca que el gobierno cumpla con sus compromisos.
“La Iglesia Católica siempre ha trabajado para promover la dignidad humana y el bienestar de los más vulnerables, incluyendo a los refugiados”, declaró el arzobispo Timothy Broglio, presidente del episcopado norteamericano. Según Broglio, la suspensión de la financiación impide a la Iglesia cumplir con su misión y atender a miles de refugiados que el propio gobierno había asignado a su cuidado tras concederles estatus legal.
La USCCB es una de las diez agencias nacionales —en su mayoría religiosas— que gestionan el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos. Todas ellas se han visto afectadas por una carta del Departamento de Estado, enviada el 24 de enero, en la que se anunciaba la suspensión inmediata de los fondos mientras se revisan los programas de ayuda exterior. Sin embargo, la demanda subraya que este programa no es una iniciativa de ayuda exterior, sino un mecanismo nacional para asistir a personas que han sido admitidas legalmente en el país.
El documento legal también señala que la USCCB invierte más dinero en el reasentamiento de refugiados del que recibe en fondos federales, pero que sin los millones de dólares comprometidos por el gobierno, la continuidad del programa es inviable. Además, acusa a la administración de intentar desmantelar el programa, causando daños significativos a largo plazo.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, nombra como responsables a los Departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos, así como a sus respectivos secretarios, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr. Hasta el momento, ninguno de los departamentos ha emitido declaraciones al respecto.
Mientras la USCCB sigue esperando el reembolso de aproximadamente 13 millones de dólares por gastos anteriores a la suspensión, el futuro del programa de reasentamiento sigue en incertidumbre.