La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia perpetrados por la empresa minera Barrick Gold, con el respaldo de miembros de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, contra la comunidad de Arroyo Vuelta y otras cinco comunidades del distrito municipal de Zambrana, en el municipio de Cotuí.
En un comunicado oficial, los obispos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza, violaciones a los derechos humanos y la falta de respeto a la dignidad de las personas, lo que consideran inaceptable en un estado de derecho que debe garantizar justicia, paz y respeto a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
Los hechos han generado indignación en la sociedad dominicana, especialmente por los vídeos difundidos en redes sociales que muestran cómo militares atacaron a civiles, entre ellos al sacerdote Jhonny Durán, de la diócesis de La Vega, quien resultó herido en la cara. Además, otras ocho personas sufrieron lesiones: Alfonso Vásquez, Freddy Belén, América Mendoza, Alfonso Portalatín, Cirilo Vásquez, Carlos Sosa, Máximo Sosa e Isidro Coronado, este último gravemente herido en un pie y sometido a una cirugía de emergencia. Por su parte, la policía se ha desvinculado de la agresión al sacerdote asegurando que sus heridas fueron provocadas por objetos que lanzaron los propios manifestantes.
La Iglesia católica reiteró su compromiso de defender la vida y la dignidad humana, repudiando cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Además, manifestó su respaldo a las acciones del obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, quien ha liderado los esfuerzos por proteger a las comunidades afectadas por la minería.
En su comunicado, los obispos hicieron un llamado a las autoridades para que se respete el marco jurídico, se investiguen los hechos con imparcialidad y se sancione a los responsables de estos abusos. También exigieron medidas para reparar los daños causados a las personas afectadas.
“La explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética, no al costo de la vida y tranquilidad de las familias”, subrayó la CED.
Finalmente, los obispos invitaron a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con los afectados, a rechazar estas prácticas de manera pacífica y a orar por la justicia y la paz en el país.
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