La Archidiócesis de Burgos ha informado de novedades en los procesos judiciales relacionados con los monasterios de Belorado y Derio, ambos en litigio por ocupación sin autorización legal.
Según ha comunicado el obispado, los juzgados correspondientes han emitido resoluciones que marcan los próximos pasos en ambos casos.
Con fecha 6 de noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca dictó un Decreto de admisión de la demanda de desahucio en precario contra exreligiosas que permanecen en el monasterio de Belorado, así como contra otras personas desconocidas que ocupan el lugar sin título legal. Este decreto establecía la posibilidad de celebrar una vista oral el 19 de diciembre de 2024 y fijaba el lanzamiento para el 23 de enero de 2025.
Sin embargo, el mismo juzgado ha emitido una Diligencia de ordenación en la que informa de que «no habiendo sido posible practicar la notificación del Decreto de admisión y emplazamiento a todas las personas demandadas, el Juzgado ha acordado suspender la vista señalada para el 19 de diciembre». Este hecho implica que será necesario fijar una nueva fecha para la vista una vez se haya logrado notificar a todos los demandados. No obstante, el documento subraya que «no se indica ninguna alteración con respecto a la fecha del lanzamiento», manteniéndose el 23 de enero como fecha prevista para esta acción.
Avance judicial en Derio
En paralelo, el Juzgado de Primera Instancia N.º 11 de Bilbao ha admitido a trámite la demanda de desahucio contra los ocupantes del monasterio de Derio. Este procedimiento incluye a todas las personas que se encuentren en el inmueble sin autorización, bajo la denominación de «ignorados ocupantes». Según el comunicado de la archidiócesis, se ha solicitado la ejecución del lanzamiento y se ha otorgado un plazo de diez días para que los demandados manifiesten su opinión sobre la necesidad de celebrar una vista.
En este contexto, la Archidiócesis de Burgos recalca que sigue actuando conforme a las resoluciones judiciales y expresa su disposición a colaborar con las autoridades para resolver estas situaciones.
Este proceso judicial refleja la complejidad de los litigios relacionados con inmuebles religiosos y sus ocupantes, marcando un nuevo capítulo en las actuaciones legales impulsadas por la Archidiócesis.