Los Obispos chilenos critican el decreto sobre enseñanza religiosa por vulnerar derechos fundamentales

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La Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Chilena (CECH) ha elevado un documento a la Contraloría General de la República expresando su oposición al Decreto Nº 115, aprobado el pasado 2 de septiembre.

La CECH argumenta que esta norma presenta irregularidades legales e inconstitucionales, y advierte que atenta contra la libertad religiosa y la autonomía de las confesiones religiosas.

El Decreto Nº 115 surge como respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y busca modificar la regulación de la enseñanza de religión en Chile. Sin embargo, la CECH sostiene que la implementación de esta norma excede los alcances de la sentencia, ya que, aunque mantiene el certificado de idoneidad, redefine su contenido. Según el documento presentado, esto supone una grave interferencia del Estado en la capacidad de las confesiones religiosas para determinar los criterios de idoneidad de sus docentes.

La CECH denuncia que el Decreto permite que la Subsecretaría de Educación intervenga en decisiones sobre revocación o denegación del certificado de idoneidad, revisando lo dictaminado por las autoridades religiosas. Para el Episcopado, esta medida socava la libertad religiosa, el derecho de asociación y la educación, derechos reconocidos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, argumentan que el Decreto impone restricciones que limitan la evaluación integral de los docentes de religión, como la eliminación de la posibilidad de exigir un título profesional además del certificado de idoneidad. Esto, aseguran, afecta la calidad y rectitud doctrinal y moral de la enseñanza religiosa.

El Episcopado subraya que la norma retrocede en el respeto y fomento de la diversidad religiosa, un principio recogido en la Constitución chilena. Según la CECH, la regulación actual no refleja los intereses de los padres, quienes buscan proyectos educativos que integren esta diversidad, esencial para el bienestar espiritual de las personas.

Otros puntos críticos del Decreto

Otro de los aspectos cuestionados es la permanencia indefinida del certificado de idoneidad, que consideran incompatible con los posibles cambios doctrinales o morales en las confesiones religiosas. Además, el Decreto introduce plazos y requisitos adicionales que obligan a justificar la denegación de certificados en un máximo de 30 días, lo que califican como una injerencia estatal indebida en la autonomía de las confesiones.

Ante estas objeciones, la CECH ha solicitado una revisión urgente del Decreto Nº 115, instando a que se analice su conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que garantizan la libertad religiosa. Finalmente, el Episcopado pide al Ministerio de Educación que modifique la normativa para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las confesiones religiosas en Chile.

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