El obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto, monseñor Adolfo Uriona, informó sobre la situación canónica del presbítero Ariel Príncipi y difundió el comunicado sobre el «procedimiento extraordinario» y las medidas adoptadas por la Santa Sede en el caso.
Se trata -desde luego- de un caso muy extraño. La diócesis argentina ha tenido que publicar obligada el comunicado que viene nada más y nada menos que con la firma del sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, monseñor Edgar Peña Parra.
Según el Vaticano, como resultado de las ulteriores pruebas presentadas por algunos obispos diocesanos de Argentina, así como por varios fieles en los meses de junio y julio de 2024, el 5 de julio de 2024 se inició «un procedimiento extraordinario, con suspensión de la decisión recedente, en relación al reverendo Ariel Alberto Príncipi, sacerdote incardinado en la diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto, acusado en 2021 de delicta graviora contra sextum cum minoribus (art.6, 1° Normae) y dimitido del estado clerical con sentencia del Tribunal Interdiocesano de Córdoba, Argentina, del 2 de junio de 2023, confirmada el 8 de abril de 2024, en apelación, por el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires«.
Pues bien, tras la doble condena canónica a este sacerdote, del que algunas víctimas reclaman que debería estar preso, el Vaticano enmienda la plana al obispo de Río Cuarto y ha dejado en papel mojado las sentencias de los Tribunales diocesanos de Córdoba y Buenos Aires.
El 20 de septiembre de 2024 fueron adoptadas, de manera definitiva, varias medidas penales contra el reverendo Ariel Príncipí, considerado muy imprudente en el ejercicio de las denominadas ‘oraciones de sanación’ actuando más allá de cuanto establecido en la Instrucción del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, del año 2000.
Roma ha decidido ahora que «bajo la especial vigilancia del ordinario al que dicho sacerdote será confiado» de ahora en adelante no podrá tener contacto con menores de edad; ejercer el ministerio pastoral en la renovación carismática católica; ejercitar la plena cura pastoral de la Iglesia. Además, solamente podrá concelebrar o celebrar la santa misa en privado.
El obispo de la diócesis de la Villa de la Concepción del Río Cuarto se ha limitado a cumplir en publicar el comunicado proveniente del Vaticano con fecha 23 de septiembre de 2024, confirmando lo informado y dando a conocer luego un «procedimiento extraordinario» y las medidas adoptadas por la Santa Sede acerca de la situación del Ariel Príncipi.
Lo más extraño de todo, es que justo el día antes de la notificación del Vaticano, la prensa argentina era consciente de que el sacerdote había recurrido su expulsión a Roma y faltaba el veredicto del Vaticano. “La expulsión fue dispuesta por dos tribunales. Sólo estamos esperando la notificación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que tiene que venir desde el Vaticano”, dijo el obispo de Río Cuarto el día de antes quien esperaba que la notificación del Vaticano ratificara la reducción al estado laical de este sacerdote.
En cambio, el obispo Adolfo Uriona acaba de conocer como Roma le ha dado la espalda y ha dejado su autoridad por los suelos.
En resumen, Ariel Príncipi, que fue condenado canónicamente a la destitución del estado clerical por abuso a menores ocurridos en La Carlota, ha sido restituido en su ejercicio ministerial con penas mucho más laxas que las adoptadas por los tribunales canónicos argentinos.