El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha concedido una entrevista a ABC para volver a hablar sobre el tema de los abusos en la Iglesia española.
El portavoz del episcopado español ha dado carpetazo al asunto de los abusos tras la publicación de los tres informes, el de Para dar luz, de la CEE; el del Defensor del Pueblo y el encargado al Despacho Cremades&Calvo Sotelo.
Confirmada que la investigación ya está cerrada, García Magán explica que se abre ahora una nueva etapa. «Es la fase de la actuación, la de seguir con la prevención y el momento de la reparación. Estamos trabajando en ese plan de reparación integral a las víctimas de abuso. Subrayaría el adjetivo integral. Sin duda estará la dimensión económica, pero no se reduce sólo eso. Hay que ser muy respetuosos con las víctimas y dar respuesta a sus demandas. Plantear esa cuestión a nivel económico es un reduccionismo y con un peligro, en un tema tan delicado y tan grave, de mercantilización», explica el obispo auxiliar de Toledo.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española no entra en la guerra de cifras y sostiene que «una conclusión que se saca de los distintos informes, es que es muy difícil determinar el número exacto de víctimas. Muy difícil. Nosotros no ponemos el subrayado en si son 5, 10 o 20, porque, una sola víctima que hubiera habido en el ámbito eclesial, es lo suficientemente grave».
Las cifras del Defensor del Pueblo
Respecto a la encuesta encargada por el Defensor del Pueblo a GAD3, García Magán vuelve a insistir en que no se pueden hacer las extrapolaciones que hicieron muchos medios a raíz de los datos que arrojó la encuesta. El portavoz de los obispos españoles afirma que «en esa encuesta nos faltan datos técnicos del muestreo, del tipo de preguntas que se hicieron. Los hemos pedido y no se nos han dado».
«Hemos pedido los datos completos y la ficha técnica, cómo son las preguntas, el muestreo, los porcentajes de desviación, de error, y se ha pedido y nos han contestado que no. Transparencia y el Defensor del Pueblo ha dicho que no nos daba nada y que podemos recurrir a la Audiencia Nacional», denuncia García Magán.
El portavoz de los obispos tampoco ha querido recoger el guante que le lanzaron el grupo de católicos que se inventó la ‘operación bollycao’, el caso falso de abusos que publicó El País y el Defensor del Pueblo. El obispo auxiliar de Toledo prefiere no entrar a valorar esa actuación a pesar de tenerlo todo a su favor. El portavoz de los obispos ha vuelto a repetir que «por respeto a las víctimas, como dijimos en esa rueda de prensa después de la Plenaria hay que ponerlas en el centro, hay que ser muy respetuosos con ese dolor, con su dignidad y ese respeto requiere que cualquier estudio o investigación se realice con el mayor cuidado o rigor».
Informe Cremades
Por otro lado, García Magán se desmarca del informe encargado a Cremades al asegurar que «el informe de auditoría del bufete Cremades & Calvo Sotelo no es el informe de la Iglesia».
El obispo auxiliar de Toledo también ha contado como fue el proceso para llegar a dar un ultimátum al despacho de Cremades: «El encargo era para marzo del 23. Se nos dijo que a principios de julio estaría. No estuvo. Se nos dijo luego que estaría para finales de julio, primeros de agosto. No estuvo. Esto es como el Génesis. Pasó un día, pasó una mañana, día primero; pasó un día, una mañana, día segundo… Ya casi a final de agosto se recibe un avance. Fue el avance de 2.000 páginas. Se había dicho explícitamente que en septiembre estaba previsto presentarlo, había dos reuniones importantes, de la comisión ejecutiva y la comisión permanente. Se nos dijo que estaría y no estuvo para ninguna. Entonces, claro, en esa tesitura. Estaba la plenaria y por eso se dio ese ultimátum de 10 días».
Sobre los pagos realizados por parte de la Conferencia Episcopal al despacho Cremades, el secretario general revela que «la situación no ha cambiado de ‘iure’, pero sí de ‘facto'». Además, ha confirmado que los obispos españoles se han gastado «más de un millón de euros».
«El pasado septiembre, como el informe de auditoría se tenía que haber entregado en marzo del 23 y ya habían pasado seis meses, se acordó y por escrito, que eran las últimas facturas y estaba cerrado el tema. El propio Cremades dijo que eran las últimas. Y entonces ahora resulta que se presentan nuevas facturas, por sorpresa», cuenta García Magán a ABC.
César García Magán lamenta que «han sido nueve meses de retraso y con reiteradas fechas de compromiso que se iban incumpliendo. Nosotros hemos tenido paciencia y comprensión. Y ahora aparecen unos gastos ulteriores después de que se dijo que estaba cerrado el gasto».
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Casi todo el mundo asocia la palabra «pederastia» a la Iglesia. Y esto se debe a que existe una intoxicación informativa que tergiversa la realidad, y quiere dar la impresión de que ese es un problema frecuente en el clero, cuando la realidad es que los casos de sacerdotes que han caído en ese pecado es ínfimo, y no es superior a otros colectivos.
Por eso el Vaticano y la Conferencia Episcopal Española se equivocan gravemente cuando dan tanto bombo y platillo a este asunto, cuando crean en España ¡600 oficinas! para este tema, cuando modifican las leyes eclesiásticas para intentar contentar al mundo olvidando la misericordia que debe caracterizar al cristiano.
Y lo de indemnizar a las víctimas ya es el colmo. Que con el dinero que aportamos los fieles se entregue dinero a denunciantes de supuestos abusos es algo inmoral. Si algo hay que pagar, que lo haga el que cometió el pecado.
Más de 1.000.000 de € !!!!
Madre mía qué despilfarro y luego todo el rato hablando de los pobres.
Qué hipocresía!!
Y todo porque al País se le ocurrió enviar un informe – trampa al Vaticano con datos falsos ( bollicao) y éste para que no se diga picar el anzuelo…..
Este no es el que iba a repartir el dinero de los fieles a los que denunciasen sin pruebas ni sentencia